El salario a los pasantes también está incluido en la propuesta de reforma que plantea el presidente Rafael Correa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Las propuestas de reforma planteadas por el presidente Rafael Correa el sábado pasado traen consigo una política laboral más flexible a la que ha primado los últimos nueve años. Así lo sostienen juristas y dirigentes sindicales.
El pasado sábado el Mandatario presentó una serie de planteamientos en materia de trabajo para afrontar un año económicamente complejo. Se trata, explicó, de “políticas públicas para los empresarios, para proteger el empleo”.
Durante nueve años el discurso en materia laboral del Presidente se ha centrado en la “defensa de los trabajadores”, un grupo que fue “sacrificado por la larga noche neoliberal” por haber enfrentado sueldos bajos, condiciones precarias, falta de afiliación, entre otros.
Con base en esto el Régimen aplicó ajustes como el aumento sostenido del salario básico. Este casi se duplicó al pasar de USD 200 en el 2008 a USD 366 en el 2016. Otras políticas fueron garantizar un salario básico para trabajadoras domésticas, penalizar la no afiliación, el incremento de los mínimos sectoriales para varias actividades como la comunicación, el despido ineficaz para embarazadas, entre otras reformas.
Si bien el año pasado se puso topes a los sueldos de gerentes y a las utilidades en 24 salarios básicos, el balance en general apunta a un mayor número de reformas en favor de los derechos de trabajadores.
Para Édgar Sarango, miembro Frente Unitario de Trabajadores, los resultados no han sido los esperados pues, por ejemplo, el sueldo de un trabajador nunca ha alcanzado el valor de la canasta. Cree que el discurso y las reformas laborales solo se han logrado sostener mientras existieron los ingresos del crudo.
Pero ahora, con las propuestas de reforma, dijo el sindicalista, el Régimen está apoyando al sector empleador mientras los trabajadores enfrentarán peores condiciones.
La propuesta del Ejecutivo incluye la reducción de la jornada laboral y paga de acuerdo a las horas trabajadas, contratos adaptados a las necesidades de los sectores productivos, entre otros.
Los gremios empresariales, según lo han reconocido, fueron quienes presentaron estas ideas y, anteriormente, han pedido al Régimen mayor flexibilidad. En el 2012, por ejemplo, consiguieron para el sector floricultor la posibilidad de que las 40 horas regulares se redistribuyan en la semana.
La idea del sector privado ha sido mantener la productividad, lograr mayor liquidez en tiempos de menor ingreso de dólares y sostener los puestos de trabajo, especialmente hoy.
Las críticas del sector empleador al Régimen han sido permanentes debido al impacto económico que han generado en las empresas tanto los ajustes salariales como las reformas laborales a través de leyes y otras normas que consideran son muy “rígidas”.
Carlos Carlosama, abogado laboral, explicó que hubo dos momentos de ajustes clave. El primero fue la expedición del Mandato 8, en el 2008, que eliminó la tercerización / intermediación y la prohibición del contrato por horas; y el segundo, en 2015, la eliminación del contrato a plazo fijo, con lo cual los trabajadores, una vez terminada la etapa de prueba, se convierten en indefinidos.
Con la reducción de la jornada de trabajo y el pago por horas, según los sindicalistas, se estaría dando marcha atrás en todo aquello. Sostienen que contratos adaptados a las necesidades de un sector y la vuelta al contrato fijo solo permitirán crear puestos de trabajo por el tiempo en que las empresas lo requieran.
Otra propuesta en análisis es no pagar el salario básico a un pasante, sino un “estipendio” más la afiliación.
Mesías Tatamuez, titular de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, indicó que existe preocupación.
Las críticas de los sindicatos, sin embargo, no pesan tanto como la realidad de una economía impactada por menores ingresos y más desempleados.
El presidente Rafael Correa reconoció en su enlace del sábado que “buscamos flexibilizar empleo, pero no como antes, que flexibilizar era la explotación laboral”. La idea, dijo, es sostener el empleo, pero garantizando derechos.
Tatamuez espera que el Gobierno “sincere” y difunda el contenido del proyecto.