Tres opciones para que el usuario de taxis pase de la queja a la acción

El incremento de las tarifas de taxis, en Quito, tiene dos retos pendientes: mejorar y garantizar la calidad del servicio. Esto es una responsabilidad compartida entre los conductores, los usuarios y las autoridades del Municipio.

Con la reprogramación de los taxímetros, que se inició ayer, se permite el cobro de los nuevos valores para el arranque, el kilómetro recorrido y el minuto de espera. También, rigen los precios diferenciados para carreras mínimas diurnas, nocturnas y en feriados.

Lo que queda pendiente es estructurar y consolidar un esquema de control que garantice mejoras en el servicio. Dentro de este proceso, la ciudadanía tiene un papel “protagónico”, sostiene Mario Villagómez, docente en Transporte de la Universidad Católica.

El papel de los usuarios es monitorear y hacer cumplir los niveles de servicio acordados. “Si hay falencias se las debe denunciar a los entes de regulación. Se puede incluir fotografías de las placas o registro municipal como evidencias”.

Algunos pasajeros de taxis tienen un comportamiento pasivo. Si bien comparten sus críticas sobre la calidad de este medio de transporte (el redondeo de precios, la discrecionalidad del conductor de llevar al usuario a determinadas zonas o el no uso del taxímetro), estas malas experiencias terminan en discusiones entre usuarios y conductores. No se denuncia.

Esto se constató, ayer, en los exteriores de un centro comercial. César Ortiz, quien se movilizó desde del Hospital del Sur hasta El Recreo discutió con el conductor sobre el costo de la carrera.

El taxímetro que aún no estaba recalibrado marcó USD 1,21, pero pagó 1,50. El pretexto para el alza fue que ya se aprobaron nuevas tarifas.

Este usuario optó por “no hacer problema”, aunque comentó que el taxista le retó a buscar un agente y denunciarlo. “No hay donde quejarse”, expresó.

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Carolina Jiménez, otra usuaria que se trasladó desde la Michelena hasta El Recreo, tuvo otro impasse. Un taxista pretendió cobrarle USD 1,50 cuando el dispositivo marcaba un dólar. Ella ignoró el pedido del conductor y canceló la tarifa fijada por el taxímetro.

La aprobación de la Ordenanza Metropolitana 0056, que establece los nuevos precios para las carreras, plantean parámetros de calidad para este medio de transporte.

Entre otros señala que se debe garantizar la prestación del servicio, brindar buen trato al pasajero, respetar tarifas, capacitar permanentemente al personal (conductores y administrativos). Si esto no se cumple, la ciudadanía cuenta con tres alternativas para hacer llegar sus quejas.

Darío Tapia, secretario de Movilidad, dijo que se habilitó la línea 1800 268 268 y las cuentas de Twitter @AMTQuito, @FiscalizAMT y @daritapia. La tercera opción es entregar las denuncias en las oficinas de Atención al Usuario en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ubicada en la av. Amazonas e Inglaterra.

Para poner una queja se requiere el número de placas y el registro municipal. Se recomienda no usar transporte informal. En la urbe, 14 100 unidades amarillas están autorizadas a prestar el servicio.

Con las denuncias recabadas se hará un seguimiento para dar lugar a un debido proceso. Si la infracción es comprobada, los taxistas serán sancionados.

Una vez que termine el proceso de reprogramación se harán operativos focalizados, donde se registran denuncias frecuentes: terminales terrestres, Centro Histórico, afuera de las universidades, exterior de centros comerciales, Mercado Mayorista y La Mariscal.

En lo que va del 2015, la AMT ha sancionado a 316 taxistas con 4,5 puntos menos a la licencia de conducir y USD 53,10 de multa por no utilizar el taxímetro durante las 24 horas.

En cooperativas como La Comuna se han planteado otras medidas para contribuir a la optimización del servicio en taxis.

Ángel Acevedo, conductor, mencionó que si acumulan tres denuncias podrían perder el permiso de operación.

Las cooperativas y compañías están facultadas a sancionar a sus socios, según su reglamento interno. Las amonestaciones pueden ser verbales, escritas, económicas e incluso la expulsión del conductor, explicó Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha.