Los 38 ex empleados del Registro de la Propiedad de Quito protagonizaron este lunes un plantón frente a la Corte Constitucional. Fue para exigir celeridad en la respuesta al Municipio, quien interpuso los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia que la Corte emitió sobre la Ley de Registro de Datos. La sentencia fue emitida el 21 de junio pasado.
En ella se interpreta que son los municipios los que deben pagar las liquidaciones a los empleados del Registro de la Propiedad. Para Fernando Ibarra, presidente nacional de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedoc-Clat) y representante de los ex funcionarios, la intención del Municipio es dilatar el proceso y evitar pagar a los empleados que fueron despedidos.
Con pitos y pancartas de fondo negro y letras blancas advirtieron que se congregarán un día a la semana frente a la Corte hasta ser atendidos.
Teresa Rodríguez, una de las participantes, indicó que a la protesta se sumarán ex funcionarios del Registro de la Propiedad de otras ciudades.
El miércoles se concentrarán en el parque de El Arbolito unas 25 personas despedidas de Latacunga y Ambato.
Ibarra también denunció irregularidades en las actas de finiquito, que se pretendía hacer firmar a los ex trabajadores.
Un caso es el de Jimy Chalá, quien se desempeñó como conserje durante cuatro años. En el acta constaba como que su función era de Registrador. Además, decía que sus servicios concluían por casos fortuitos como incendio, terremoto, tempestad, explosión. “Es absurdo, el Municipio ha mostrado ineptitud”, dijo Ibarra.
Jacinto Almeida trabajó siete años en el Departamento de Archivo, estuvo un mes en el nuevo Registro pero hasta ahora no le pagan su salario ni la liquidación.
“Necesitamos la liquidación, tengo 50 años y nadie me da trabajo y tengo familia”.
Para Eduardo Gordillo, quien fue amanuense, el Municipio no asume su responsabilidad y pretende “pasarle la pelota”, al ex Registrador.