Desde el Centro de Comando de la Movilidad, en la parte occidental del Parque de la Mujer, un equipo técnico controlará la actividad de los buses urbanos y las camionetas de carga liviana.Jaime Erazo, gerente de Movilidad del Municipio, explicó que este proyecto es parte de un sistema de gestión de la movilidad, que facilitará la regulación y el control del transporte público. Ayer empezaron las pruebas de la plataforma tecnológica con la cual se realizará el monitoreo.
El objetivo, dijo Erazo, es mejorar el servicio de transporte y disminuir la congestión vehicular y la contaminación ambiental.
En el caso de buses urbanos se han instalado 2 000 GPS (Sistema de Posicionamiento Global, por sus siglas en Inglés), de un total de 2 411 unidades.
De los 35 buses que operan en la cooperativa de transporte Pichincha, solo dos unidades aún no tienen instalado el aparato de rastreo satelital. La colocación se realizó hace cuatro meses.
Galo Carrillo, gerente de la empresa, explicó que el día de la instalación una unidad estaba en la mecánica y otra estaba en ruta.
Cuando el GPS entre en funcionamiento, en enero, los técnicos podrán visualizar en dos pantallas gigantes la velocidad, puntos de parada, tiempos de viaje, rutas y frecuencias de los buses. Esta información será compartida con las empresas de transporte.
Según Erazo, una vez que se inicie el monitoreo se podrá garantizar los horario de salida y arribo de las unidades a las paradas. “La idea es que las empresas de transporte se autoregulen”.
Roxana Flores, una pasajera, está de acuerdo con este tipo de control. Como usuaria se siente afectada por las demoras y lentitud de los buses, en las horas de menor demanda de pasajeros.
No obstante, Carrillo aseguró que pese al control en la práctica será difícil cumplir con los tiempos que exigen las autoridades. Le preocupan las sanciones injustificadas que pueda generar el sistema. “No sé si las autoridades tendrán en cuenta los problemas de congestión en los sectores donde hay contraflujos, ferias libres o cuando la Policía hace desvíos”.
Añadió que el proyecto puede mejorar el servicio si se aplica de manera correcta. Una opinión similar tiene Kléver Vilema, chofer de la unidad 13 de la cooperativa 6 de Diciembre. Para él, el Cabildo debe trabajar en la educación de los pasajeros. “Muchos exigen que les dejen en cualquier lugar. Los reclamos son constantes”.
Como usuaria del transporte público, Elizabeth Bastidas reconoce que hay ocasiones en que no respeta las paradas establecidas. “Hay que educar al pasajero”.
En esa unidad, el GPS se instaló hace cinco meses, pero Vilema no sabe si funciona el aparato.
Erazo explicó que la activación de los GPS será progresiva y en la primera etapa de monitoreo, la información recogida servirá para hacer un diagnóstico sobre cómo funciona el transporte.
“En un primer momento no se impondrán sanciones”. Estas se aplicarán una vez que todo el sistema esté operativo y se hayan normado las infracciones y multas. En el caso de las camionetas de servicio público que operan en las parroquias rurales, hasta la fecha se han instalado 1 065 Tags. Aún faltan 557 dispositivos.
El Tag es un dispositivo de telepeaje que registra el paso de un vehículo por un punto determinado. El Municipio instaló 17 pórticos con sensores de registro, en todos los accesos a la ciudad. Con esto se controlará que las unidades no excedan las dos horas, permitidas para prestar servicio dentro del Distrito.
Al respecto, Napoleón Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano, denunció que el proyecto no fue socializado. Acotó que su aplicación es inconstitucional porque viola el derecho a la libre circulación en el país.
Pese a que los dispositivos están instalados en el 65% de la flota, Cabrera, aclaró que el gremio al que representa se opone al proyecto. Argumentó que el sistema no ofrece ningún beneficio a las empresas ni a los conductores de los vehículos. También dijo que el tiempo de servicio dentro del Distrito debe extenderse a tres horas.
La Federación iniciará el trámite para interponer una demanda de inconstitucionalidad, en caso de que no haya un acuerdo que beneficie a los transportistas y al Municipio. A pesar de ello, el proyecto no se detendrá.