23 de abril de 2020 00:00

La ayuda humanitaria escasea en los barrios altos del Distrito Metropolitano de Quito

Juan Chaluisa, su esposa María Cusco y sus hijos habitan en una humilde casa de adoquín en el barrio Buenos Aires. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Juan Chaluisa, su esposa María Cusco y sus hijos habitan en una humilde casa de adoquín en el barrio Buenos Aires. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Betty Beltrán

En la humilde vivienda de Juan Chaluisa se sienten las penurias de la cuarentena a consecuencia del covid-19. Tiene 76 años y echa de menos su trabajo desgranando granos en una tienda del sector Alma Lojana, ubicado más abajo de su barrio Buenos Aires, en el centro-oriente de Quito.

Al día ganaba USD 2 y con eso alimentaba a su familia de 10 miembros. Cinco años atrás, antes de ser operado, se desem­pañaba como albañil. Sus hijos también saben del oficio pero hace tres meses no tenían obras, cuenta este hombre enjuto y de rostro cansado.

En estos días de encierro obligado ha pasado con una sola comida al día, gracias a las papas que, antes de declarar el estado de emergencia, lograron enviarle desde su tierra. Es oriundo de Zumbahua (Cotopaxi) y con una profunda tristeza dice: “Las papitas solo quedan para hoy (domingo)”.

En Buenos Aires hay alrededor de 20 familias vulnerables y “están pasando hambre”, comenta Luis Albán, exdirigente del barrio. Los kits de alimentos que entregan los gobiernos locales y otras organizaciones civiles no llegan a esta zona de 1 600 habitantes de escasos recursos, señala. Tampoco a sus vecinos de María Guadalupe.

En el centro, vecinos de El Placer Bajo, y en Pisulí, en el norte, la carencia de alimentos también se ha agudizado durante el aislamiento.

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Desde que comenzó la cuarentena hasta ayer, solo la Unidad Municipal Patronato San José ha entregado casi 100 000 kits de alimentos a las familias más vulnerables del Distrito. El Gobierno, a través del MIES, ha distribuido 65 033 en barrios, zonas periféricas y urbano-marginales como Atucucho, Plan Techo y Guamaní.

El reparto se hace a las personas más vulnerables. Según datos del INEC, a diciembre del 2019, 8,2% de la población de Quito registró pobreza según sus ingresos y 2,8%, extrema pobreza. El subempleo afecta al 13,9% y el desempleo al 7,9%.

Patricio Ubidia, secretario de Coordinación Territorial del Municipio de Quito, señala que en todo el Distrito suman 50 000 familias vulnerables, repartidas en las 32 parroquias urbanas y 33 rurales.

Obviamente, agrega, hay sectores donde existen más casos como en el sur (Ferroviaria, Lucha de los Pobres…), periferia del norte (Atucucho, Plan Techo…) y en la ruralidad. Los beneficiarios de los kits de alimentos sumarán alrededor de 200 000 ciudadanos. Y, de forma paralela, “se ha llegado a todos esos puntos”.

Pero a Buenos Aires aún no, insiste el líder barrial. De allí que pide que se coordine con las personas que viven años en el sector y de esa forma ubicar a las familias que realmente requieren ayuda.

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Esa misma coordinación demanda Dolores Nazate, líder de la Ferroviaria Alta. Dice que a su sector “sí han llegado los kits, pero la cobertura no es óptima, pues de un listado de algo más de 300 personas vulnerables, han ayudado a una tercera parte”.

Sin embargo, Ubidia señala que se ha cubierto a toda la población vulnerable que está dentro de sus listados, pero en este momento -después de un mes de crisis sanitaria- hay mucha gente que se ha vuelto vulnerable, porque vivía del día a día. “Poco a poco iremos llegando a los trabajadores autónomos, subempleados…”.

Nazate insiste en que “aquella cobertura no es efectiva porque no conocen los barrios”. En la Ferroviaria Alta hay sectores como Vertientes Unidas, Las Antenas, Neptalí Jarrín, Pedestal, La Batea. “Barrios que históricamente fueron excluidos, sin servicios básicos ni transporte”, señala. Esa gente se dedica al reciclaje, ventas ambulantes, albañilería.

Miriam Usuriaga vive en La Batea, con sus cuatro hijos menores de edad, dos hermanos con discapacidad y una adulta mayor. En la vivienda desvencijada y levantada en un desván habitan ocho personas; algunas se dedicaban a la albañilería y en este momento no pueden sostenerse. No les llega el kit.

“Las instituciones deben coordinar con los dirigentes y hacer un efectivo levantamiento de datos, porque los listados que manejan son desactualizados y a estas alturas muchas familias se han convertido en vulnerables”, agrega Nazate.

Lilia Yunda, presidenta del Patronato San José, aclara que sí hay un contacto con los dirigentes de los barrios, así como líderes locales. Las nueve administraciones zonales hacen esos acercamientos. El MIES trabaja, según la institución, con los GAD, autoridades de territorio, fundaciones y recorridos conjuntos.

La base de datos del Patronato, apunta Yunda, se encuentra en una plataforma que se alimenta del levantamiento de la información a nivel zonal, los registros a través del call center y el contacto directo con cada familia. Y el trabajo que hace el MIES para ubicar a las personas que acceden a los kits es a través de “los mapas de pobreza extrema por provincia. En esta base de datos consta toda la información de la situación de la familia y de contacto. El listado se actualiza continuamente”.

Para Susana Vargas, líder del barrio Bermeo (centro), es necesario levantar nuevos indicadores de vulnerabilidad. “Hay que apoyarse en los dirigentes barriales, delimitar el espacio, ir al sitio para evaluar y entregar las ayudas”.

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