15 de diciembre de 2017 00:00

Pruebas de asociación ilícita conducen a delitos más graves

Los jueces afirman que el delito con el que se condenó a Jorge Glas (der.) tiene relación con peculado, concusión, lavado de dinero, testaferrismo, entre otros. La Fiscalía investigará. Foto Archivo / EL COMERCIO

Los jueces afirman que el delito con el que se condenó a Jorge Glas (der.) tiene relación con peculado, concusión, lavado de dinero, testaferrismo, entre otros. La Fiscalía investigará. Foto Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

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La Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía ahora apunta a más delitos. Por iniciativa propia y por exigencia de la Corte Nacional, ahora los investigadores rastrean otros actos ilícitos relacionados con la trama de corrupción de Odebrecht.

Para el Tribunal Penal, conformado por Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez, hay una relación entre la asociación ilícita y otras figuras, como el peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada.

Los magistrados consideraron que esos nuevos delitos se han “verificado” con base en elementos expuestos por Fiscalía en el juicio a Jorge Glas.

El juez Flores explicó que la asociación ilícita es un ‘medio’ para perpetrar otros actos ilegales y, bajo ese contexto, aparecen las ocho nuevas figuras.

En los alegatos finales del juicio, César Montúfar, quien actuó como acusador particular, pidió al Tribunal que tomara en cuenta las pruebas recopiladas y exija a la Fiscalía la apertura de nuevas indagaciones, especialmente en cohecho, peculado y concusión.

Ese pedido está amparado en el art. 626 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ahí se menciona que “si ante el tribunal penal aparecen datos relevantes que permitan presumir la participación del procesado en otro delito, los jue­ces dispondrán que esos datos se remitan al fiscal para que inicie otra investigación”.

Este jueves, 14 de diciembre, Montúfar habló con EL COMERCIO y comentó que las próximas investigaciones no deberían “durar mucho”, tomando en cuenta que los elementos ya están en manos de la Fiscalía. Citó, por ejemplo, la grabación entre José Con­cei­ção Santos, exdirector de Odebrecht-Ecuador, y el vicepresidente Jorge Glas, del 2016.

“En ese audio no hay pedidos de dinero, pero el brasileño le solicita al Segundo Mandatario que intervenga en un tema sobre el cual él no tenía competencia, como es el agilitar pagos atrasados a Odebrecht. Eso es tarea de Finanzas. Aquí hay un claro delito de concusión”, explicó el exlegislador.

Esa es una de las infracciones que pidió indagar el Tribunal. El COIP establece sanciones de entre tres y cinco años de cárcel por esta figura.

El informe de Contraloría

Los ocho condenados por asociación ilícita podrían enfrentar otras sentencias que van de 1 a 13 años por los delitos que están en investigación reservada y por otros que se activarán.

Sin embargo, para rastrear si funcionarios públicos están involucrados en peculado y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía debe esperar un informe de Contraloría. Sin ese requisito no es posible procesarlos.

Ayer, el fiscal general Carlos Baca reconoció este impedimento y anunció que pedirá a la Comisión de Justicia de la Asamblea una reforma al COIP, para que se lo elimine.

En el art. 581 de la legislación penal se habla de los mecanismos que existen para conocer un delito (denuncia, informe de órganos de control y disposición de jueces). Pero se hace una excepción, pues para los casos relacionados con peculado y con enriquecimiento ilícito debe haber un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría.

“Esa limitación ha permitido que muchos temas que debieron haber sido oportunamente procesados, no fueran investigados porque la Contraloría, en ese entonces, estaba en connivencia e impedía que se hagan esas investigaciones”, advirtió el fiscal general Baca.

José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, considera que el organismo de control debería iniciar enseguida un examen especial a los funcionarios que participaron en los cinco proyectos donde hubo sobornos. “Con mayor razón después del pedido del Tribunal Penal”.

Además, según el jurista, en estas nuevas indagaciones penales es muy probable que aparezcan nuevos funcionarios o empresarios involucrados.

De hecho, en el testimonio anticipado que entregó José Terán Naranjo -uno de los sentenciados por asociación ilícita y cooperador de la Fiscalía- aparecieron nombres de funcionarios de Petroecuador que aparentemente recibieron coimas por la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca.

Terán Naranjo dijo que entregó dos pagos en efectivo, de USD 800 000 y 1 millón, a un exfuncionario de la Gerencia de Almacenamiento y Transporte de Petroecuador, departamento a cargo del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca.

Otros USD 25 000 entregó al excoordinador de Contratos en esa gerencia. Un tercer pago, de USD 400 000, se efectuó a la empresa extranjera Houston Energy Consulting, sin precisar el beneficiario.

Glas pide que lo liberen

El fallo del miércoles movilizó a la defensa del Vicepresidente. Su abogado, Eduardo Franco, presentó un escrito en la Corte de Justicia para que esta ejecute la suspensión condicional de la pena y libere al Segundo Mandatario, bajo el principio de favorabilidad.

Ese recurso obliga a los jueces a aplicar la sanción menos rigurosa cuando hay dos normas que contemplan penas diferentes para el mismo delito.

Según Franco, Glas fue condenado a 6 años de cárcel con el Código Penal que regía antes del 2014. Sin embargo, en el COIP la asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 5 años. Es decir, aplicaría la favorabilidad y se podría activar la suspensión condicional de la condena (salir en libertad y cumplir otras medidas).

El art. 630 del Código Penal vigente señala que un procesado puede apelar a este beneficio a las 24 horas de haberse emitido el fallo, siempre y cuando la sentencia no supere los 5 años y no tenga otros procesos judiciales pendientes.

En contexto
La Fiscalía ya tiene avanzadas otras 4 investigaciones por el caso Odebrecht. Dos por lavado (en uno de estos procesos está imputado Alecksey Mosquera, exministro de Energía); otra por captación ilegal de dinero y una cuarta por concusión, contra Carlos Pólit.

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