4 de septiembre de 2019 11:18

Procuraduría exige una reparación USD 22,5 millones en el caso Sobornos

El Procurador Íñigo Salvador en la Corte Nacional para el reconocimiento de firma y rúbrica en la acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Procuraduría Ecuador

El Procurador Íñigo Salvador en la Corte Nacional para el reconocimiento de firma y rúbrica en la acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Procuraduría Ecuador

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Redacción Seguridad

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La Procuraduría General del Estado solicita una reparación para el Estado de USD 22,5 millones por los supuestos hechos de corrupción en el caso Sobornos 2012-2016.

Íñigo Salvador, procurador general, acudió la mañana de este miércoles 4 de septiembre del 2019 a la Corte Nacional de Justicia para reconocer firma en la acusación particular que presentó en contra de 25 de 26 procesados de caso Sobornos.

Del listado que maneja la Fiscalía en la que están 26 exfuncionarios y contratistas con el Estado acusados de concusión, tráfico de influencias y asociación ilícita, la Procuraduría no presentó una denuncia contra Francisco Noboa. “Cuando hay elementos suficientes, se acusa a las personas responsables”, dijo Salvador, quien reconoció que, por el momento, no existen evidencias de la participación de Noboa, exfuncionario de Presidencia y uno de los procesado en el caso. 

En el documento de la acusación particular, presentado ante la jueza Daniella Camacho, el 28 de agosto pasado, la Procuraduría señaló que la indemnización material equivale al “triple del monto de USD 7 508 616,84” del perjuicio. Es decir, USD 22,5 millones. Este valor no incluye el porcentaje por la indemnización inmaterial, que deberá ser fijado por el Tribunal que juzgue el caso.

La Procuraduría centró su acusación particular en el delito de cohecho, que está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de hasta siete años de cárcel. Según Salvador, se enfocaron en esta figura por “las afectaciones al bien público y la vulneración hacia los intereses del Estado”.

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