28 de agosto de 2019 19:03

Procuraduría presentó acusación particular en caso Sobornos 2012-2016

El procurador Iñigo Salvador, (c) presentó una acusación particular  en el caso Sobornos 2012 - 2016. Foto archivo: Patricio Terán / EL COMERCIO

El procurador Iñigo Salvador, (c) presentó una acusación particular  en el caso Sobornos 2012 - 2016. Foto archivo: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La Procuraduría General del Estado estará presente como parte procesal dentro del caso Sobornos 2012-2016. El titular de la institución, Íñigo Salvador, presentó una acusación particular este miércoles 28 de agosto del 2019.

Según un comunicado de prensa, la Procuraduría presentó su acusación contra exaltos funcionarios del Estado, entre los que se encuentran el exmandatario Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado y María de los Ángeles Duarte; y los exaltos funcionarios Alexis Mera, Viviana Bonilla y Walter Solís. La acusación también está dirigida en contra de empresarios y contratistas del Estado.

El boletín señala que se presentó la acusación ante la jueza del caso, Daniela Camacho, luego de analizar el expediente de la investigación previa y la instrucción fiscal de más de 500 cuerpos en los que se podría encontrar el delito de cohecho, tipificado en el artículo 280 del Código Penal vigente.

Para la Procuraduría, se habría instaurado un “esquema de corrupción” al utilizar como plataforma varias instituciones del Estado, que fueron dirigidas o representadas “de manera cíclica” por los mismos servidores públicos designados en el gobierno de Correa.


“Ellos, en el ejercicio de sus funciones durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016 habrían adjudicado contratos y suscrito convenios con empresarios nacionales y extranjeros”. Para cumplir su objetivo, añade el comunicado, se usó como mecanismo de redistribución económica la figura del convenio de pago, en contratos de construcción de obras de infraestructura por montos millonarios.

Los supuestos sobornos habrían sido recibidos por funcionarios públicos para beneficiar de manera directa a movimiento oficialista Alianza País, a un grupo de simpatizantes y personas cercanas al expresidente.

Para la representación legal del Estado, los fondos se habrían utilizado en aportes a candidaturas nacionales y seccionales, así como en prestación de servicios, mítines políticos, préstamos personales, traslados, alimentación, cumpleaños del exmandatario, entre otros.

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