Redacción Cuenca
En la década de los 50, la actual parroquia Bellavista estaba en el área periférica de Cuenca. Allí, en 1957 fue reubicada la cárcel de varones, en un recinto para ferias.
A medida que el tiempo pasó, la zona se pobló. Ahora, ese centro penitenciario (con capacidad para 150 reos) quedó en medio de las casas apiñadas, que sirven para vivienda y negocios.
La cárcel y el Centro de Detención Provisional (CDP) están ubicados en las calles Nicanor Merchán y Pedro León, a 10 cuadras del Centro Histórico. En la zona protegida está la Cárcel de Mujeres, en la calle Padre Aguirre. En este sector funcionan abacerías, tarjeterías y almacenes de venta de electrodomésticos.
“Acá ya nada es igual”, dice Florencio Quito, quien ha vivido 48 de sus 71 años en una casa que está en la parte posterior del cárcel . Según él, cuando hay amotinamientos o intentos de fugas, los vecinos se alarman.
Quito evocó, por ejemplo, aquella tarde de un viernes de diciembre de 2004, cuando varios reos rompieron la pared de uno de los baños del patio principal que da a la mecánica. Se treparon un muro que da a la calle Eugenio Espejo y 20 presos se fugaron.
En la búsqueda, la Policía armó un operativo e ingresó a algunas viviendas aledañas. “Vivimos momentos de tensión”, recuerda Quito, quien cree que la cárcel trajo inseguridad a la zona.
Ese no fue el único escándalo. El último hecho se registró en julio pasado, cuando un recluso de 25 años fue asesinado a tiros, en el patio. Fue frente a otros presos y en el momento de visitas. El confuso incidente estuvo a punto de derivar en un amotinamiento.
Para la directora, Elizabeth Campaña, la sobrepoblación de presos genera malestar, inseguridad, conflictos internos y hasta vulneración a los derechos humanos. Este centro que cuenta con mínimas medidas de seguridad alberga a 311 internos, incluidos los de alta peligrosidad.
En la mayoría de las 12 celdas hay hacinamiento. Por ejemplo, en la número tres, con capacidad para 20 personas, hay 31, de los cuales 11 duermen en el piso. En la uno hay 48 y en la cinco, 40.
El funcionamiento de la cárcel en el sector ha impulsado la apertura de restaurantes, tiendas, cabinas telefónicas, estudios jurídicos, talleres artesanales y hasta cooperativas de taxis .
Luz Rodas, de 71 años, dice que las ventas en su abacería son buenas por la afluencia de gente que llega a la cárcel.
Para el edil Wilson Muñoz, si bien los vecinos se acostumbraron a vivir en medio de ese ambiente, es urgente la reubicación de las cárceles. El fin es ordenar y descongestionar un centro donde confluyen los negocios, entidades bancarias y oficinas de servicios.
Rodas asegura haber visto fugas de jóvenes del CDP. Pero aclara que son hechos aislados y que no generan alarma en la población, porque quienes escapan no se meten con los vecinos. “Logran salir y emprenden fugaz carrera para no ser alcanzados”.
Desde hace cinco años, por los problemas de hacinamiento e inseguridad, las autoridades demandan al Gobierno la construcción de un nuevo centro. El año pasado, el Cabildo consiguió un terreno de 100 hectáreas, en Ictocruz, en la parroquia alta de Turi.
El entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, dio su aval y preveía invertir en la obra física unos USD 20 millones. Pero los pobladores de Turi se opusieron, argumentando que su traslado generaría mayor demanda de agua y les afectaría en el suministro.
Además, que llegaría la inseguridad y que en el sitio hay vestigios arqueológicos. Lo último lo confirmó el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), luego de estudios de prospección.
Pero según Darwin Muñoz, defensor del Pueblo de Azuay, un reciente estudio realizado por el arqueólogo Jaime Idrovo, determinó lo contrario.
Campaña señala que desde el cambio de Ministro no tiene información sobre el futuro de la cárcel de varones. Para Muñoz, de no cristalizarse el proyecto, Cuenca pierde una importante inversión y la posibilidad de que sus presos tengan un sitio donde rehabilitarse.
El nuevo Centro de Rehabilitación es un megaproyecto piloto en el país que albergaría a las dos cárceles y al CDP.
De las 100 hectáreas, solo en 7,5 se levantaría la infraestructura carcelaria, con sistemas de seguridad, espacios para talleres, granjas, policlínico… En el resto estará un parque ecológico.