El presidente de Globovisión, libre
Red. Mundo. REUTERS, ANSA, AFP
Policías venezolanos detuvieron ayer en un aeropuerto a Guillermo Zuloaga, presidente del canal opositor Globovisión.
El Legislativo acusó a Zuloaga de criminalizar y dañar la imagen del presidente Hugo Chávez en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El arresto del empresario, quien dijo que Chávez “usa la fuerza para cerrar medios” y “trata de dividir a los ciudadanos”, ocurrió en el aeropuerto de Punto Fijo, estado de Falcón, para abordar un avión con destino a Bonaire, donde dijo que iba a pasar Semana Santa.
“Se presentó un señor que dijo ser de la DIM (Policía Militar) y que hay una orden de aprehensión en mi contra. Ni siquiera me dejan regresar a Caracas en mi propio avión, tengo que esperar un avión para que me lleven con ellos”, dijo por teléfono a Globovisión. “No tengo intención de irme de Venezuela, iba saliendo ida por vuelta”, agregó Zuloaga.
Diario El Nacional de Caracas informó que la fiscal general de la República, Luisa Ortega, confirmó que su despacho dictó una orden de privativa de libertad para Zuloaga, porque las declaraciones “fueron ofensivas contra el presidente Hugo Chávez”. Ayer se cumplieron un mes y nueve días desde que la Fiscalía suspendió la medida de prohibición de salida del país contra Zuloaga.
La Fiscal explicó que el cargo de ofensa al Presidente prevé una pena de tres a 15 meses de cárcel y el de difusión de información falsa contiene de tres a cinco años. Chávez es acusado por sus opositores y organizaciones de derechos humanos de atentar contra la libertad de expresión y de ordenar encarcelamientos injustificados en contra de sus adversarios políticos: 32 en total.
Posteriormente, un tribunal dejó en libertad a Zuloaga, pero le prohibió salir del país.
Antes, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidió a las autoridades venezolanas la liberación de Zuloaga, preocupado por “las repercusiones políticas ” de esa situación.
Este lunes, también el político opositor y ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, fue detenido por supuestamente difundir informaciones falsas acusando al Gobierno de tener nexos con el narcotráfico y con el grupo vasco ETA.
A la preocupación de Estados Unidos por el arresto de Álvarez se sumó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta dijo que el Gobierno de Venezuela usa “el poder punitivo del Estado para silenciar opositores”. En particular, la Comisión se declaró “preocupada” por los casos de la jueza María Lourdes Afiuni Mora y Álvarez.
La CIDH presentó hace poco un duro reporte sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, país que no autorizó la visita que, desde hace años, solicita la Comisión.
Afiuni Mora fue detenida a fines del 2009, después de ordenar la liberación de una persona que estaba privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado por la Ley venezolana.
El feriado generará pérdidas
La medida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de decretar asueto nacional durante toda la Semana Santa para contribuir al ahorro de energía eléctrica en el país, causó ayer las primeras reacciones.
El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, dijo que el decreto de Días Feriados es una medida arbitraria, irresponsable e improvisada, que “será tan solo un pañito caliente frente a la crisis energética que vive el país”. A su juicio, la crisis amerita soluciones concretas, ejecución de proyectos e inversiones, porque ya el sector privado y la población en general están haciendo grandes sacrificios para ahorrar energía eléctrica. Así lo reportó la página web del diario El Nacional de Caracas.
Hugo Chávez indicó que el lunes, martes y miércoles de la próxima semana también serán feriados, igual que el jueves y viernes, como es tradicional. El Gobierno ha aplicado una serie de medidas para enfrentar una crisis eléctrica nacional que incluye la reducción de horarios en oficinas públicas y centros comerciales, cortes de luz a empresas consideradas como dispendiosas y racionamientos diarios en la provincia.
El Gobierno atribuye la crisis eléctrica a la prolongada sequía, mientras la oposición sostiene que se debe a la falta de inversiones en el sector.
Noel Álvarez señaló que el decreto no permitirá que el consumo eléctrico disminuya, porque 60% de la demanda proviene de los hogares, mientras 15% la genera el sector comercial.
Calculó que las pérdidas que se generan en el país por los tres días feriados se ubican en 7,5 millardos de bolívares fuertes.
