Lourdes Vásquez (izq.) y su cuñada, dos de las damnificadas en Honorato Vázquez, parroquia del cantón Santa Ana. Cocinan y viven en un aula de la escuela de la localidad en la que se han dispuesto colchones en el piso.
Fotos: Alexander García/EL COMERCIO
La represa Poza Honda en el interior de Manabí, 30 kilómetros al noreste del cantón Santa Ana, llegó evacuar entre este jueves y viernes 200 metros cúbicos de agua por segundo, superando “escenarios históricos” y causando inundaciones en poblaciones rurales de cantones como Santa Ana, Portoviejo, Rocafuerte y Sucre.
El gobernador y presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) provincial, Xavier Santos, sostuvo que en la etapa lluviosa de 2016, en la que también se registraron inundaciones en la provincia, se evacuaron hasta 185 metros cúbicos por segundo en la represa y se inundó Santa Ana.
La noche del sábado la represa llegó a niveles de evacuación de entre 20 y 30 metros cúbicos de agua por segundo. Y la mañana de este domingo 10 de marzo del 2019 era un sitio de paseo de turistas que captaban fotos con el agua represada de la laguna y el agua turbia del ducto de desfogue.
Pero la cuenca del río Portoviejo sigue sufriendo los efectos de los estragos de la emergencia fluvial y las fuertes lluvias registradas desde el pasado miércoles, un temporal que hasta el sábado dejaba a 4 876 personas afectadas y 1 042 viviendas con daños -media docena de casas destruidas totalmente-, aunque sin provocar víctimas mortales.
A pesar de que ha cedido la cota en la represa y que las lluvias han disminuido a ligeras en la zona, en el recinto Las Jaguas, zona rural del cantón Rocafuerte, el nivel de las inundaciones no cedía y el agua seguía cubriendo la vía de acceso y extensas plantaciones de arroz. Solo en esa zona se perdieron 450 hectáreas de arrozales.
La represa Poza Honda rompió promedios históricos de evacuación de metros cúbicos de agua entre jueves y viernes, pero este domingo 10 de marzo había cedido su cota y era sitio de paseo de turistas.
Fotos: Alexander García/EL COMERCIO
En la parroquia de Honorato Vázquez de Santa Ana, unos 6 kilómetros abajo de la represa Poza Honda, dos familias se encuentran albergadas en la escuela que lleva el nombre de la población. Son siete personas que viven al otro lado del río y que tuvieron que abandonar sus casas la mañana del jueves cuando las aguas que bajaban por el río, desde la represa, anegaron las viviendas.
“Las autoridades hasta ahora no se han han hecho presentes con ayuda, estamos viviendo de la solidaridad de los vecinos que nos trajeron colchas, colchones, una cocineta, bidones de agua y alimentos porque salimos sin una sola cuchara”, contó Lourdes Vásquez, de 66 años, una de las damnificadas.
Johana Castro, de 30 años, embarazada de 8 meses de gestación, también está entre los damnificados. Personal del Ministerio de Salud les realiza visitas periódicas, dijo. “La última vez que nos inundamos fue en 2016, pero esta vez fue de un momento a otro, fue una inundación más grande”.
Albergues temporales también se habían habilitado en zonas de los cantones Chone y Jaramijó, según informó la Mesa N°4 de Asistencia Humanitaria y Alojamientos Temporales, coordinada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (Sngre).
Willian Briones, de 48 años, agricultor del sitio Las Guaijas, también perteneciente a Santa Ana y a pocos kilómetros de Poza Honda, perdió una hectárea de cultivos de plátano y maní entre las inundaciones del jueves y el viernes. “El problema de la represa es que la dejan llenar de lechuguín y no se retira por contrato. Bajó una masa de lechuguines del tamaño de una casa”, se quejó. Se estima que 830 hectáreas de cultivos se perdieron en Santa Ana. En la provincia fueron poco más de 5 000 hectáreas de sembríos las que quedaron bajo el agua según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El sector rural de Rocafuerte fue el más golpeado con 3 933 hectáreas de cultivos perdidos.
Xavier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, quien recorrió zonas afectadas de la provincia el sábado y participó en la sesión del Comité de Operaciones Emergencias (COE) Provincial, sostuvo que aún se evalúa el desempeño y la utilidad de las represas, proyectos multipropósitos y obras de contención de inundaciones, aunque convino que son obras que disminuyen la vulnerabilidad de la provincia. “Para este tipo de realidades no hay soluciones únicas, debemos desarrollar políticas de protección ambiental de las cuencas hidrográficas para disminuir la vulnerabilidad de las cuencas bajas y de los sectores productivos”, dijo.
María Alexandra Ocles, secretaria del Sngre, indicó que las obras de control de inundaciones “nunca serán soluciones definitivas” por lo que se requieren de alternativas. Mencionó factores como la deforestación,
el crecimiento desordenado de las poblaciones, la falta de políticas de prevención desde los gobiernos seccionales y el propio cambio climático. “En Santa Ana hace dos semanas, que tuvimos inundación, veíamos que se han expandido las zonas agrícolas y eso también nos está generando dificultades en materia de protección de suelos y riveras”, agregó Ocles.