El rotativo chileno El Mercurio dedicó su editorial del 30 de octubre a las conclusiones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último encuentro en Lima, el pasado 18 de octubre. Asimismo, gran parte de este artículo critica la situación de la libertad de expresión en Ecuador.
Para este diario, “los representantes de la SIP en diversos países se quejan, además, de que también muchos gobiernos buscan acallar a la prensa, si bien con métodos más sutiles, desde el uso de la publicidad estatal como premio o castigo político por las noticias que se publican, hasta querellas y amenazas destempladas, que se registran corrientemente en Venezuela, pero también en Bolivia, Ecuador, Argentina y Panamá”.
El periódico de Chile también realizó un análisis de la querella entre el presiente Rafael Correa y el diario El Universo. Reprocha cómo el Primer Mandatario “expresó su satisfacción por” la salida del país del periodista Emilio Palacio, luego de recibir una sentencia en primera instancia por supuestamente haber difamado a Correa en su editorial “No a las mentiras”, publicado en el medio escrito guayaquileño.
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La imagen del continente en el resto del mundo queda profundamente dañada
Los intentos por silenciar a la prensa en la región se han intensificado durante 2011. Ésa es la principal conclusión de la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que examinó recientemente los informes de todos los países del continente. La forma más brutal de acallar a los periodistas es la que emplean las múltiples organizaciones de narcotraficantes: el asesinato. En los últimos seis meses, 21 periodistas fueron asesinados como consecuencia directa de su trabajo profesional. En México y Honduras se ha registrado un crimen por mes, pero también se han producido muertes violentas en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y República Dominicana.
Tan grave como esos crímenes es el hecho de que jamás se encuentra a los culpables. Ni amenazas ni secuestros ni otras formas de intimidar a la prensa reciben castigo alguno, y en varios casos -Colombia, México, Paraguay- se están cumpliendo los plazos de prescripción, lo que significa que esos atentados quedarán para siempre en la impunidad.
Los gobiernos tienen una responsabilidad importante en detener la ola de violencia que ha venido creciendo en el continente ya por dos o tres décadas. Pero los representantes de la SIP en diversos países se quejan, además, de que también muchos gobiernos buscan acallar a la prensa, si bien con métodos más sutiles, desde el uso de la publicidad estatal como premio o castigo político por las noticias que se publican, hasta querellas y amenazas destempladas, que se registran corrientemente en Venezuela, pero también en Bolivia, Ecuador, Argentina y Panamá.
En Ecuador, una querella personal del Presidente de la República contra el diario El Universo de Guayaquil y un editorialista producen gran alarma entre quienes defienden la libertad de expresión: por intermedio de jueces suplentes, en cuyo nombramiento el gobierno tiene influencia, se lo condenó a pagar 40 millones de dólares, además de sentenciar a tres años de cárcel al autor del artículo y a tres directivos del periódico.
El periodista que escribió la columna con su firma buscó asilo en Estados Unidos, y el Presidente Correa expresó su satisfacción por este alejamiento. Propuestas similares de silenciar a los medios con demandas por sumas inmensas se han intentado antes en varios países, pero nunca se había llegado tan lejos como en este caso.
En Cuba y Venezuela, las autoridades no toleran la existencia de prensa independiente. En la primera se ha recurrido recientemente a las detenciones breves de quienes escriben en blogs y a negar los permisos a los corresponsales extranjeros. En la segunda se intensifica la persecución a los directivos de medios independientes.
El cuadro general que se desprende de los informes es pesimista, pero se basa en información sólida. La imagen del continente en el resto del mundo queda profundamente dañada por tales trabas a la prensa libre.