El requisito de que el profesor titular cuente con un doctorado (PhD o un equivalente) obligatoriamente luego de siete años es uno de los puntos que no aceptan y preocupa a los rectores de las universidades públicas del país.
Los miembros de la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador (Asueppe) unificaron su posición contra el veto presidencial a la Ley de Educación Superior.Los rectores creen imposible financiar este requisito para los profesores universitarios. Luis Amoroso, rector de la U. Técnica de Ambato, quien preside el Asueppe, cree que es imposible contar con doctores a corto plazo.
“El Estado deberá desembolsar unos USD 70 000 por maestro y si tenemos alrededor de 60 000 docentes, tendrían que contar con entre USD 60 y 200 millones”, explicó
Ayer, Amoroso y otros rectores de centros superiores estatales participaron de una reunión de tres horas y media de la Assuepe en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Enrique Ayala Mora, su rector, se mostró satisfecho porque la cita tuvo concurrencia masiva de los delegados de las 29 universidades y politécnicas públicas.
Ratificó que la decisión fue darle fuerza a los puntos en los cuales coinciden. Comentó que algunos rectores sugirieron dar paso a un paro inmediato. Mientras, otros van por la línea de hacer reclamos de tipo constitucional.
Galo Mindiola, presidente nacional (e) de la FEUE, propuso mantener las jornadas de protesta en universidades de la Sierra, aunque los rectores prefieren acciones pacíficas. La FEUE también presentará una demanda de inconstitucionalidad a la ley.
Édgar Samaniego, rector de la Universidad Central, la segunda más poblada del país luego de la Estatal de Guayaquil, propuso pedirle al Ejecutivo que presente un adéndum al veto.
Este alcance debería corregir unos 10 aspectos. Samaniego anunció que este domingo, a través de un comunicado, pedirá al presidente Rafael Correa que reciba a los rectores para hablar de los problemas en el veto.
Además, los funcionarios de la Universidad Central anunciaron la realización de una marcha pacífica, que saldrá a las 10:00 rumbo a Carondelet.
Para Ayala Mora, presentar un alcance al veto no es posible. Él dice que la Constitución señala que el plazo para que se presentara ese adéndum ya se venció.
Además, considera que “ningún diálogo tiene sentido con este Gobierno y que la ley entrará en vigencia así como está”.
En la Secretaría General de la Asamblea se explicó que el mecanismo pudo haber sido viable dentro de los 30 días que el Ejecutivo tenía para presentar sus objeciones. Un proceso similar se habría dado durante el Congresillo. El Presidente envió un alcance a un veto, pero en el mes de plazo.
La Ley de Educación Superior fue aprobada el 4 de agosto, es decir el plazo se cumplió el pasado lunes. A pesar de este problema jurídico, la Asueppe no se rendirá y prepara un manifiesto, para que el Ejecutivo conozca el malestar de los centros estatales por los cambios realizados por el Presidente a la ley original.
Los cuestionamientos a la objeción de la ley
En la cita estuvieron Adrián Bonilla, rector de la Flacso; Carlos Cedeño, de la Estatal de Guayaquil; Silvio Álvarez, de la Politécnica de Chimborazo, etc.
Antonio Posso, rector de la U. Técnica del Norte, dijo que hubo un consenso para cuestionar los aspectos que afecten la autonomía, como las atribuciones de la Secretaría de Educación Superior, entre otros.
Enrique Ayala Mora descartó que a través de las becas y aranceles “la ‘U’ particular desaparezca de la Tierra”, como dijo un rector. “No creo que la situación sea tan extrema. Pero el Gobierno hizo una distinción odiosa, dio privilegios a centros cofinanciados, controlados por el clero”.
La ‘U’ pública pide no disminuir la participación estudiantil en la elección de autoridades.