23 de August de 2011 00:02

El quinto cambio a la Corte no despeja las presiones políticas

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La Justicia es objeto de un nuevo proceso de reorganización con la venia de Carondelet, sin garantía de que los nuevos jueces sean independientes del poder político.

La convocatoria de la Judicatura transitoria para designar a sus 21 magistrados es el quinto cambio en la Justicia, desde 1997

En ese año, el interino Fabián Alarcón usó el mismo argumento y la misma vía que el presidente Rafael Correa para empujar una reorganización del Alto Tribunal.

A través de una consulta, Alarcón preguntó al electorado si estaba de acuerdo en “modernizar” la Función Judicial, bajo criterios de profesionalización, que garanticen su independencia.

El resultado no fue el deseado: la entonces Corte Suprema del 97 no perduró en el tiempo. Al contrario, en los siguientes 14 años le sucedieron otras tres: la ‘Pichi’ Corte, la Corte avalada por la OEA, y la que cambiaron los asambleístas de Montecristi.

¿La historia se repetirá en el nuevo concurso de magistrados? Políticos y analistas temen que, en las actuales circunstancias, la influencia del poder político termine por filtrarse otra vez en la competición para llegar a la Corte.

“Si las cortes resultan afines a Correa, como todo parece indicar, terminado su gobierno la tarea será nuevamente cambiarlas”. Es la lectura de Alberto Acosta, quien presidió la Constituyente que cambió la Corte respaldada por la OEA por la que está en funciones.

A su juicio, con la consulta del 7 de mayo se perdió la oportunidad de tener una Corte independiente. Su postura parte de que el propio Correa pasó por alto la Constitución para integrar, vía consulta, a la Judicatura transitoria.

Esa instancia es presidida por Paulo Rodríguez (delegado del Ejecutivo) e integrada por Tania Arias y Rodrigo Yávar, cuyos nombres salieron de funcionarios del Gobierno y de Alianza País y que solo estarán en funciones los 18 meses que tomará la reestructuración. Es decir, que una comisión transitoria nombrará a los jueces definitivos de la Corte.

El ex candidato presidencial León Roldós se declara “preocupado” ante este concurso, que concluirá en enero del 2012.

Parte de su inquietud reside en que los procesos de selección en el actual Gobierno han quedado bajo sospecha por sus procedimientos. “Lamentablemente, el tema de los concursos no ha tenido la imagen de transparencia”.

Uno de los últimos concursos con mayor polémica fue el reciente de Fiscal General, que ganó Galo Chiriboga. Los cuestionamientos empezaron cuando, antes de que se califique a los concursantes, el Presidente ya dijo que Chiriboga debía ser el ganador.

Esa preocupación es compartida por el movimiento Ruptura de los 25, ex aliado del Gobierno y que también ayudó en la nueva arquitectura jurisdiccional.

Su miembro Norman Wray advierte que al no seguirse los procedimientos constitucionales ya se crea una interferencia en la Justicia. “Ahora aspiramos a que sea un concurso transparente (...) solo el escrutinio público garantizará su legitimidad en el tiempo”.

Pero, la vigilancia no es sinónimo de perdurabilidad de la Corte. Entre 2004 y 2005, con la veeduría de la OEA, se nombró la Corte que sustituyó a la ‘Pichi’ Corte. A pesar de ese aval, 10 de sus 31 miembros fueron sacados por sorteo, por mandato de la Constituyente de Montecristi.

En medio de estas inquietudes el proceso de selección avanza. La Judicatura transitoria convocarán mañana al concurso para los 21 jueces que, según la Constitución, estarán 9 años en funciones.

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