Tres de los cuatro proponentes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, solicitaron este miércoles 5 de abril de 2023, que se proceda a la notificación inmediata “sin condiciones ni dilaciones” sobre el arranque del proceso. Este paso es importante para la presentación de pruebas de cargo y de descargo.
Los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata y Mireya Pazmiño, quienes son parte de la mayoría opositora que encabeza el correísmo, y el Partido Social Cristiano (PSC) lideran esta causa. Los parlamentarios respondieron en un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente).
Villavicencio les había dado de plazo 72 horas (que vencen el jueves 6 de marzo) para que singularicen o aclaren las pruebas que presentarán. Esto, después de que la Corte Constitucional solo admitió la acusación de supuesto peculado contra Lasso en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). El máximo órgano descalificó los cargos de concusión que también le imputaban.
Asambleístas cuestionan a Villavicencio
Veloz, Zapata y Pazmiño, a través de un oficio, respondieron que dicho pedido es “improcedente” y supone una “arrogación de funciones” y una “arbitrariedad” por parte de Villavicencio. Para los legisladores, “su mal llamada providencia”, no tuvo anuencia del Pleno de la Comisión de Fiscalización.
Asambleístas hablan del procedimiento
Los proponentes exigieron a Villavicencio que se ajuste al procedimiento previsto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que la Comisión avocó conocimiento de la solicitud de juicio político contra Lasso el lunes 3 de abril.
“De la lectura del citado artículo, queda claro que, una vez avocado conocimiento del inicio del trámite por parte de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, esta debe notificar en el mismo acto al Presidente de la República y a los asambleístas solicitantes del juicio político, para lo cual se acompañará a la solicitud
correspondiente, la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte Constitucional”, señalan.
Según los parlamentarios, “este proceso debe ser cumplido sin ningún tipo de condición ni dilación por parte del Presidente de la mencionada Comisión y del Secretario de la misma, puesto que lo que dispone el artículo 90 de la LOFL es parte de un procedimiento inalterable que no está sujeto a interpretación alguna”.
La contestación al Presidente de la Comisión no tiene la firma de Rodrigo Fajardo, coordinador de la Izquierda Democrática (ID), quien también firmó la solicitud de juicio político.
Su respuesta sería remitida en las próximas horas, debido a que no contó con su computadora para consignar su firma electrónica en el oficio en Tulcán (Carchi), donde este miércoles sesionó la Asamblea, según indicaron. La Ley Legislativa da un plazo de 30 días a la Comisión para entregar un informe para resolución del Pleno.
Visita nuestros portales: