Presidente del Cpccs presentó sus descargos ante la Comisión de Fiscalización y acusa discriminación

Christian Cruz, presidente del Cpccs, compareció este 28 de septiembre de 2020 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, compareció este lunes 28 de septiembre de 2020 ante la Comisión de Fiscalización para restar validez al juicio político que impulsa en su contra el asambleísta Henry Kronfle (PSC).

Cruz aseguró que no ha incumplido con sus funciones, defendió el carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva, así como una licencia tipo E, y pidió a la Comisión que rechace y archive el proceso “por falta de competencias y falta de méritos procesales”.

Con el uso de un video y presentaciones vía telemática, el funcionario se tomó hora y media, antes de responder a preguntas de los comisionados, para presentar sus descargos en la víspera de que la mesa legislativa cierre la etapa de pruebas.

“De los descargos argumentativos y documentales entregados a la Comisión podrá observar que la pretensión de enjuiciamiento político es totalmente infundada, carece de criterio técnico, médico y legal como se correspondería. En realidad, se puede observar que no se trata más que de un acto discriminatorio que intenta atentar contra una autoridad electa por votación popular y con un debido proceso viciado, situaciones que podrían derivar en responsabilidad internacional”, señaló.

Cruz adujo que enfrenta un proceso viciado, en el cual se ha irrespetado su derecho a la defensa, a no ser discriminado y el derecho a juez competente, pues dijo que hace dos semanas la Asamblea reorganizó la Comisión de Fiscalización pese a un pronunciamiento contrario del Procurador.

Acotó que el esquema constitucional del país admite como causa de juicio político al incumplimiento de funciones, “pretender interpretar otros supuestos, dentro de tal concepto es anticonstitucional y viola mi derecho a la seguridad jurídica”.

“No es posible admitir una valoración de conductas anteriores al ejercicio de mi cargo, lo contrario implicaría una violación a la Constitución”, apuntó.

Sostuvo que el carné de discapacidad con el que cuenta es legal y le fue otorgado por el Consejo para la Igualdad en las Discapacidades (Conadis) hace 11 años, y que no ha comprado ningún vehículo ni ha importado bienes con exoneración de impuestos.

“El 81% de discapacidad que me acreditó el Conadis hace 11 años, corresponde a la combinación de la discapacidad visual y la discapacidad auditiva”, añadió.

Dijo que obtuvo una licencia de conducir -aunque no especificó la categoría- en 1994, es decir, 15 años antes de su afectación visual y auditiva, y que siempre constó el uso obligatorio de lentes para conducir.

Por otra parte, Cruz negó haber incurrido en arrogación de funciones con la emisión de un reglamento para asuntos internos del organismo, como el empleo de vehículos y pago de viáticos.

El funcionario protagonizó un impasse con el asambleísta Dennis Marín (PSC), integrante de la Comisión, quien le requirió respuestas cerradas a un pliego de preguntas.

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