La oposición legislativa compuesta por las bancadas de Unes, el Partido Social Cristiano (PSC), los denominados rebeldes de Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática (ID) volverá a operar en el Pleno para destituir a Yeseña Guamaní (ID) como vicepresidenta de la Asamblea.
Así lo ratificaron integrantes de estas fuerzas políticas, que agrupan a 75 legisladores (la mayoría absoluta), de cara a la sesión del Pleno que tendrá lugar este jueves 14 de julio del 2022, a las 9:30.
La asambleísta Jahaira Urresta, de Unes, manifestó que esperan aglutinar también a legisladores independientes. Ella busca que Guamaní sea destituida por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar o no leyes tributarias.
Sostuvo que el incumplimiento de funciones de Guamaní se configuró al momento que su moción provocó que se suspendiera la calificación de proyectos en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal.
Para Guamaní, se trata de un proceso en el que han imperado los intereses políticos de la misma mayoría que el 31 de mayo pasado destituyó a Guadalupe Llori (PK) de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Aunque Gumaní consideró que su suerte está echada, se presentará al Pleno para defenderse del informe de la comisión pluripartidista ad hoc, que recomendó su destitución.
Jorge Abedrabbo, integrante de la bancada del PSC, resaltó que Guamaní está ejerciendo su derecho a la defensa en este proceso parlamentario, a diferencia de Llori que recurrió a la justicia.
“Hay que reconocer eso. Los fundamentos estarán dentro del Pleno de la Asamblea. Habrá un debate”, agregó, tras reconocer que el derecho a mocionar es propio de los legisladores.
Las asambleístas Nathalie Arias, del oficialismo, y Wilma Andrade, de la ID, reconocieron que en este tema el PSC tiene un voto dirimente, pues sin su apoyo no habría la mayoría absoluta (70) para destituir a Guamaní.
Andrade señaló que “lo que le interesa a esta nueva mayoría es el control del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para acelerar los juicios políticos, cumplir una agenda en función de estas organizaciones”, lo que incluye el control de varios organismos del Estado.