El oficialismo de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo y asambleístas independientes, se negó a ingresar al hemiciclo para la reinstalación de la sesión 772 del Pleno de la Asamblea este jueves 28 de marzo de 2022.
El jefe de la bancada, Juan Fernando Flores, dijo que es una respuesta del oficialismo a las “ilegalidades” que se dieron el pasado martes, cuando se dispuso la conformación de la comisión para investigar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), con un cambio en el orden del día.
El legislador arremetió contra la nueva mayoría compuesta por asambleístas del correísmo (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC), independientes y expulsados de las bancadas de Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID), que logró 81 votos para crear dicha comisión.
“Esta bancada no va a participar en la sesión 772 porque no podemos avalar una ilegalidad que se cometió simplemente por ser parte del circo. No señores, nosotros no somos payasos”, dijo Flores, rodeado de sus compañeros de bloque.
Sin embargo, la ausencia de los 27 legisladores del oficialismo en el hemiciclo no impidió que la sesión fuera retomada con cerca de un centenar de asambleístas del resto de partidos, y debatir varios proyectos de ley.
Llori, otra ausente
El primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (independiente), quien semanas atrás fue expulsado del BAN “por conductas antidemocráticas”, se encargó de la reinstalación. La presidenta, Guadalupe Llori (PK), no acudió, ya que el martes perdió la conducción de esta sesión.
“Para evitar que algunos digan que nos estamos retirando o estamos adelantando las vacaciones, no señores, nosotros de manera responsable venimos a darle la cara. Y nos vamos a mantener en el edificio de la Asamblea”, agregó Flores.
Críticas de la oposición
La jefa de bloque de Unes, Marcela Holguín, y Johana Moreira (ID), vocal del CAL, tacharon como una irresponsabilidad a la actitud del oficialismo.
“Es una actitud irresponsable en la que están incurriendo los asambleístas de la bancada del Gobierno. Creo que se tienen que respetar las decisiones en democracia”, señaló Holguín.
A su vez, Holguín defendió la legalidad de la conformación de la comisión y recordó que ya no estaban vigentes unas medidas cautelares, como argumentó Llori, para intentar bloquear el procedimiento.
“Es una irresponsabilidad no darle la cara al país. Hay que recordar cómo se inició esta Asamblea y que incluso cuando no se era parte de una mayoría la minoría estuvo presente porque ese es el papel: en mayoría o minoría todos debemos ser parte de estas sesiones”, apuntó Moreira.
Por su parte, Fernando Villavicencio (independiente) manifestó que “es una comisión de correístas“, la que pretende investigar a Guadalupe Llori.
Recursos judiciales
Julio César Sarango, abogado de la Presidencia de la Asamblea, defendió la denuncia que presentó Llori en la Fiscalía el martes pasado para que se investigue a los asambleístas por haber cambiado el orden del día de la sesión y conformar la comisión.
Aseguró que no se contrapone con las medidas cautelares que un día después fueron revocadas por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
El pedido es que la Fiscalía investigue si se cometió el presunto delito del incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Según el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esto se sanciona con una pena de dos a tres años de cárcel.
Mientras tanto, desde el miércoles corre el plazo de cinco días que dio una jueza del juzgado de la Familia del sector de La Mariscal, en Quito, para que Llori y el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) lleguen a una conciliación para que no siga adelante la acción de protección interpuesta por Llori por la calificación de la denuncia de Esteban Torres (PSC) que activó su posible remoción.