22 de February de 2011 00:00

No más demoras piden familiares de los policías

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Los familiares de los policías detenidos por la revuelta del 30 de septiembre pasado están “cansados de esperar”. Por ello, iniciaron ayer una serie de plantones para exigir celeridad en la justicia y la liberación de los uniformados.

Desde las 09:00, cerca de 30 personas, se apostaron en los exteriores de la Fiscalía, en la av. Patria y 12 de Octubre. Con carteles en la mano, los familiares pedían al organismo que se agiliten los trámites judiciales, porque están convencidos de que los policías son inocentes de los cargos que se les imputan: supuesto intento de asesinato, insubordinación, incitación a la rebelión, daños contra la administración pública...

Por ello, pedirán a organismos internacionales que intervengan en las investigaciones de los hechos del 30-S. Incluso, solicitarán que un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al país, para que analice los procesos.

En la protesta estuvo también la asambleísta Lourdes Tibán. Ella reclamaba por la libertad de su hermano, Marco, quien está acusado de haber impedido que se desarrollara la sesión en la Asamblea, durante la revuelta . Él trabajaba como miembro de la Escolta Legislativa.

“Hemos esperado lo suficiente, van a los cinco meses de la cárcel y nosotros creemos que para darle gusto al presidente Rafael Correa, para que se investigue y se saquen las verdades de lo que pasó, tres meses de cárcel son suficientes”, cuestionó la legisladora Tibán.

El caso de su hermano continúa en etapa de instrucción fiscal. El agente que está a cargo realizó hace dos semanas una nueva imputación en la investigación. Es decir que la instrucción se amplió un mes más. En este proceso está imputado el coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta.

Sin embargo, el resto de investigaciones por el 30-S está a punto de concluir. Hoy precisamente se realiza la audiencia para emitir el dictamen en el caso de presunta incitación a la rebelión, en el que está acusado el mayor (r) Fidel Araujo (ver recuadro).

Asimismo, el viernes se efectuará, a las 08:30, la diligencia sobre el caso de presunto intento de asesinato en contra del Primer Mandatario. En este caso están acusados ocho uniformados; entre ellos, el coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía. Él fue incluido en el caso porque supuestamente cerró la puerta que unía la casa de salud con el Regimiento Quito, cuando el presidente Correa intentaba huir de las bombas lacrimógenas y de las agresiones que lanzaban los policías insubordinados.

A la diligencia asistirán los familiares de los detenidos a protestar, al igual que lo hicieron la semana pasada, cuando la audiencia fue suspendida por la ausencia de dos de los abogados defensores.

Los manifestantes anunciaron que todos los lunes se reunirán en los exteriores del edificio Patria, en el norte de Quito, para exigir la libertad de sus familiares.

Dictamen en el caso de F. Araujo

Hoy desde las 16:00 se iniciará la audiencia para que el fiscal José Miguel Jiménez emita su dictamen por el caso de supuesta incitación a la rebelión.

En este proceso también está vinculado el capitán de Policía Geovanny Fuentes, con quien supuestamente Araujo conversó telefónicamente, durante los incidentes del 30 de septiembre.

Fuentes, según la Fiscalía fue uno de los supuestos promotores de la insubordinación policial.

Sin embargo, según el abogado de Araujo, Édgar Pavón, durante “el peritaje de llamadas entrantes y salientes del celular, y los mensajes de los 10 días anteriores al 30-S y de los días siguientes, no se registra información alguna relacionada a la supuesta incitación”.

Además, según la defensa de Araujo y Fuentes, las conversaciones telefónicas que mantuvieron fueron meramente para tratar temas académicos.

Aunque no ha explicado por qué estuvo en los exteriores del Regimiento Quito.

Por ello, Pavón considera que su cliente es víctima de la persecución política del Gobierno. Araujo fue militante de Sociedad Patriótica, opositor a Correa.

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