El gerente de los Medios Públicos, Andrés Michelena asegura que una supuesta defraudación tributaria, detectada en Gamavisión, se habría dado por el mal manejo de las administraciones anteriores al frente de los medios públicos e incautados. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Andrés Michelena, gerente de los Medios Públicos; y Xavier Aguirre, gerente de Gamavisión, acudieron este miércoles 14 de febrero del 2018 a la Fiscalía de Pichincha para solicitar una investigación por una supuesta defraudación tributaria en las cuentas del canal incautado.
La nueva administración de los medios manejados por el Estado realizó un análisis preliminar financiero, contable y tributario. Se encontró que en el período 2013-2014, Gamavisión declaró “aparentemente de manera simulada las obligaciones tributarias”.
Las irregularidades se encontraron en las declaraciones de las retenciones en la fuente y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se realizan ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de los formularios 103 y 104.
Aguirre explicó que la presunta defraudación tributaria ascendería a unos USD 4,5 millones. Estas declaraciones generaron una reliquidación de las obligaciones tributarias del canal. Por lo que, sumando los intereses, la deuda del medio al fisco al momento es de USD 6,2 millones.
“Estamos tratando de sincerar las cuentas y que se establezcan las sanciones a quienes hicieron las malas administraciones”, dijo Michelena. No precisó quienes son los exfuncionarios involucrados, pero aclaró que actualmente Gamavisión no está en peligro de quiebra.
Según la información entregada a la Fiscalía, el encargado de la generación de información para el pago de tributos, cálculo el valor real de las declaraciones. Sin embargo, “con sumillas insertas en estos documentos, se obligó a cancelar otros valores”.
Michelena indicó que esto representa el mal manejo de las administraciones anteriores al frente de los medios públicos e incautados. Además, Gamavisión tiene una deuda con el Instituto de Seguridad Social (IESS) de USD 1 millón. Y en los registros del medio no hay información suficiente para determinar las cuentas por cobrar y por pagar a proveedores y clientes.
