En vísperas del sorteo que determinará la renovación de la Corte Constitucional, los nueve jueces presentaron un balance de sus tres años en funciones. Lo hicieron con un llamado de atención a la Asamblea para que tramite las reformas dispuestas con sentencias.
En rueda de prensa, este 1 de febrero del 2022, los magistrados señalaron que hasta este martes se realiza el seguimiento de 109 autos (dictámenes o sentencias), que han emitido desde que asumieron el cargo el 5 de febrero del 2019.
SI bien no especificaron cuántos de los pronunciamientos de la Corte derivaron en disposiciones para que la Asamblea Nacional apruebe reformas legales, la vicepresidenta de este organismo, Daniela Salazar, advirtió que el incumplimiento puede llevar hasta la destitución.
“La Corte mediante autos puede determinar si es que la Asamblea ha cumplido o no cumplido dentro del plazo, puede emitir autos en los cuales le insta a la Asamblea, y en el peor de los casos, -la Corte no ha tomado esa decisión jamás, pero no solo con la Asamblea, sino con cualquier autoridad que llegue a incumplir una decisión de la Corte-, la Constitución en el art. 86 incluso le otorga a la Corte la facultad de destituir autoridades”, dijo.
La sentencia con la que en abril pasado esta Corte despenalizó el aborto en caso de violación o los dictámenes que limitaron la aplicación de estados de excepción por la pandemia del covid-19, por ejemplo, incluyeron pedidos a la Legislatura para que apruebe leyes, sin que hasta ahora se hayan expedido.
El presidente de la Corte, Hernán Salgado, sostuvo que en este tiempo los jueces constitucionales han dado ejemplo de independencia e imparcialidad. “La justicia no está a la venta al mejor postor. Está para servir al país”, remarcó.
Salgado mencionó que este organismo recibió una “pesada herencia” de los jueces anteriores, debido a que no se habían despachado alrededor de 10 000 causas.
“La Corte Constitucional ecuatoriana ha tenido un desenvolvimiento importante en estos últimos tres años porque lamentablemente en el Régimen anterior se descuidó muchísimo ni la parte de control de leyes ni la parte de cuidar las garantías constitucionales y eso llevó a que no se despacharan adecuadamente los casos, no se atendieran las peticiones”, dijo.
Según el balance de este organismo, de las 3 456 causas en fase de admisión que se encontraron represados en 2019, el 99,9% ya se tramitó. A estas se suman otras 6 263 que se recibieron en ese entonces; 2 239, en 2020; 3 885, en 2021; y 512, hasta el 31 de enero del 2022.
Salazar resaltó que el 98% de los 12 899 autos de admisión que se dieron fueron por unanimidad. Detalló que 11 398 (82%) tienen que ver con acciones extraordinarias de protección en casos de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, entre otros.
También refirió que heredaron 20 088 causas pendientes. Y que en estos tres años se han emitido 2 874 sentencias por el Pleno en 194 sesiones ordinarias y extraordinarias. De ellos, 192 tuvieron el voto salvado (el 7%). Para el despacho se priorizó el orden cronológico.
“Cuando nos posesionamos teníamos causas que correspondían incluso a la Constitución anterior, ni siquiera se resolvían con la Constitución del 2008, sino con la Constitución previa”, sostuvo la Vicepresidenta.
El Pleno priorizó, además, 151 procesos vinculados, por ejemplo, con derechos de adultos mayores, y 397 causas fueron seleccionadas para justicia vinculante, por ejemplo, en temas relacionados a hábeas corpus o acceso de información.
La rueda de prensa se dio media hora después de que la Corte hiciera el sorteo de un notario para el proceso que definirá quiénes de los jueces deberán ser reemplazados, tras un concurso de méritos y oposición. A este Tribunal, han llegado 22 067 causas desde el 2019.