27 de October de 2011 00:01

La invitación a Catalina Botero y a la CIDH despierta otra polémica

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El Gobierno Nacional no tiene una posición clara sobre la invitación al Ecuador a la relatora de la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Interamericana de DD.HH., una instancia superior a la CIDH,una invitación de Estado no se hace desde los medios, sino por los canales diplomáticos. Pero el canciller Ricardo Patiño dijo ayer que la invitación pública ya está hecha, incluso desde el 2008, y que cualquier trámite interno es un asunto propio de la Cancillería.

Por ahora, la idea del Palacio de Najas es tener abierto el contacto mas no una postura proactiva para invitar a la relatora. Salgado dice que ella debe venir a constatar la situación que viven las libertades de expresión y de prensa y que para tal efecto es importante que el Gobierno dé a la invitación ese carácter de Estado.

Mientras esta polémica se aclara, el presidente Rafael Correa dijo ayer que acogerá de forma discrecional cualquier recomendación de la CIDH. Durante una entrevista en Unsión TV -retransmitida por el portal oficialista El Ciudadano-, Correa se refirió a la audiencia del martes en Washington, donde los representantes del Gobierno y del Estado debieron responder a las profundas preocupaciones que los organismos de prensa y periodistas tienen sobre el acoso oficial a esta actividad en el Ecuador.

Según Correa, la CIDH “puede estar equivocada, no son el oráculo de Delfos y están muy influenciados por estos grupos que tienen una capacidad de presión extremadamente grande”.

Por ello, acogerá cualquier recomendación, siempre que sea “razonable”. Correa también habló del tema en Radio Tomebamba. Allí anunció que si la CIDH se pronuncia “en base a mentiras”, no se aceptará recomendaciones.

A Salgado le sorprende la forma en la que el Gobierno relativiza el peso hemisférico que tienen estas organizaciones que precautelan el bienestar y las libertades civiles y que, por ello, su legislación trasciende las fronteras del Estado.

Salgado asegura que la audiencia del martes fue la más importante de todas las que Ecuador ha tenido en los últimos tiempos. Y por ello cree que la CIDH en las próximas semanas enviará al Estado ecuatoriano un “informe confidencial”, donde se pueden establecer algunas recomendaciones sobre la libertad de expresión, las cuales tienen que ser acogidas, pues Ecuador es un miembro pleno de la OEA.

La trascendencia de la cita del martes es indiscutible para César Ricaurte (Fundamedios) uno de los peticionarios de la audiencia.

Él dice que el Gobierno, en el plano discursivo, quiso insistir en que este espacio no tiene un peso vinculante, pero “la parafernalia con la que llegó la delegación oficial demuestra lo contrario”.

Más allá de las barras de apoyo que hubo en los exteriores, Ricaurte advierte que el Gobierno terminó dándole un enorme peso político a la audiencia, descuidando los temas jurídicos.

Salgado cree que ni el canciller Patiño ni el procurador Diego García “pudieron explicar lo que pasa en el país en materia de libertad de expresión”. “No comprendieron la dimensión jurídica que tiene esta instancia”.

Ricaurte señala que ambos funcionarios “prefirieron hablar de las obras que hace el Gobierno o argumentar la no interferencia en asuntos internos del Ecuador” y no se refirieron a lo contundente: los juicios y amenazas del poder contra los periodistas.

Ambos concluyen que la CIDH se tomará el tiempo necesario pora ponderar todas estas versiones. Eso incluye el video que presentaron los peticionarios con las agresiones verbales de Correa a la prensa que, según dijo ayer a Unsión TV, son también parte de su libre expresión.

Una audiencia clave

Para César Ricaurte todas las versiones que recogió la CIDH alimentarán su criterio frente a  situación que vive el Ecuador. La CIDH tiene además la posibilidad de dictar medidas cautelares para proteger, en este caso, a periodistas y medios que sientan que sus derecho son vulnerados.     

Otra razón  que explica la importancia de la cita del martes es que la audiencia  fue presidida por Dinah Shelton, la presidenta de la CIDH: máxima autoridad.  

Rectificación.  En      la edición de ayer, afirmamos que Tania Arias, vocal del Consejo Transitorio de la Judicatura, estuvo en   la delegación oficial ante que fue a la CIDH. Este dato no es correcto; lamentamos el error y ofrecemos disculpas a la funcionaria.


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