Han pasado más de tres años y la política del Gobierno para atraer inversión extranjera sigue siendo un acertijo incluso para los países considerados amigos. El último sobresalto lo generó la denuncia de los tratados bilaterales con Alemania y Gran Bretaña.
Hoy se quiere enmendar la plana con la aprobación de una disposición del Código de Planificación y Finanzas Públicas, al reconocer la posibilidad de otra jurisdicción y legislación para la solución de controversias, pero al parecer no será una salida rápida. Se trata de una disposición que contradice a la Constitución y forma parte de una normativa que los asambleístas se resisten a tratar como urgente.
En la economía real de un país, la posibilidad de invertir está orientada por el retorno y, sobre todo, por la seguridad jurídica. El Ecuador, y no solo ahora, no se ha caracterizado por ella. Hay que añadir que este Gobierno prioriza a las empresas estatales de países de la región o con los cuales encuentra afinidades como China, lo cual pone una doble barrera para las empresas privadas en general, y no solo para las alemanas o británicas. Estas tienen interés en energía, manejo de recursos naturales, turismo, tecnología.
¿Era necesario tanto ruido? Dentro del Gobierno se reconoce que se podía haber conseguido el fin por vías menos tortuosas. Está pendiente la negociación de los acuerdos con la Unión Europea y el presidente Rafael Correa hará en noviembre una visita de trabajo a Alemania para atraer inversión… Ojalá hasta entonces se aclare el panorama.