La posibilidad de que Julián Assange finalmente llegue a Ecuador en calidad de asilado luce cada vez más complicada. Aunque el gobierno de Rafael Correa decida otorgarle la protección política, no hay ninguna garantía jurídica para que pueda salir de la Embajada de Ecuador en Londrés y tome un vuelo rumbo a Quito.
La razón: Gran Bretaña no es sucriptor de ningún acuerdo multilateral, que lo obligue a conceder el salvoconducto correspondiente para que un asilado pueda salir de su territorio y trasladarse al país que lo recibirá. Tampoco existe un acuerdo bilateral entre Quito y Londres alrededor del asilo político.
De este modo, aunque el presidente Rafael Correa decida recibir en Ecuador al Director de Wikileaks, las autoridades británicas no tienen ninguna obligación de emitir el salvoconducto para que deje la Embajada ecuatoriana sin el riesgo de ser detenido.
Al contrario, su legislación contempla un trámite complejo para otorgar el permiso que facilite la salida de Assange de Inglaterra. Primero los jueces deben analizar el caso y si es conveniente extender el salvoconducto. Y, sobre la base de su pronunciamiento, el Ejecutivo inglés es el que finalmente toma una decisión.
De momento, Ecuador ha dejado entrever que no desea que el caso de Assange se complique y quede como huésped de la Embajada en Londres por tiempo indefinido. De ahí se entiende la declaración de la embajadora Ana Albán tras su reunión con diplomáticos británicos, a los que planteó una solución “justa” y en “conjunto” sobre la situación del hombre que destapó los secretos de la diplomacia de EE.UU.