Esposo de Esperanza G. asegura que no tiene problema con la suspensión del sueldo
Marcelo Adame, esposo de Esperanza G., confirmó que su esposa ha recibido ingresos económicos de la Asamblea Nacional mientras ha estado detenida. Foto: EL COMERCIO
Hasta el martes 5 de julio deberá presentar las pruebas de descargo al borrador del informe de Contraloría que recomendó a la Asamblea Nacional que suspenda los pagos a su esposa, Esperanza G. Sin embargo, Marcelo Adame asegura que esa es la última preocupación en su lista de prioridades.
“Nosotros no hicimos las leyes ni fuimos los que pedimos eso”, dice el esmeraldeño. Él presentará a la Contraloría los roles de pagos certificados de últimos siete meses del 2015, en los que señaló que en tres ocasiones el ingreso fue cero.
Además expuso, este jueves 30 de junio del 2016, en un diálogo con este Diario, que lo que el busca es que se haga justicia puesto que en el proceso judicial de Esperanza G. “no se ha respetado las instancias determinadas en la Ley”.
“Ya no hay problema con que le destituyan, que dejen de pagarle y que sigan incumpliendo la ley y el debido proceso”, mencionó con un tono irónico.
El argumento de su defensa es que la ley solo faculta seis causales para el cese en las funciones de un asambleísta, en la que Esperanza G. –según él- no incurre en ningún caso. Por otro lado, contó que ha hablado regularmente con su esposa durante las visitas, en las últimas semanas. Pero ella ha preferido no topar este tema y prefiere que lo maneje directamente él.
Esperanza G. cumple prisión preventiva en el Centro de Detención de Esmeraldas, desde diciembre, cuando fue sentenciada a tres años de prisión por supuesto cohecho. Sin embargo, esta sentencia no ha podido ser ejecutoriada porque la defensa de la acusada interpuso un recurso de apelación. Antes permaneció detenida en Latacunga y Cuenca.
Fue detenida el 24 de mayo del 2015. Y durante los 13 meses que ha permanecido en esa condición no ha dejado de percibir su remuneración como asambleísta, según los registros del órgano legislativo.
Este hecho ha levantado las críticas de la oposición que han comparado la situación con otros dos casos. Primero, con Cléver Jiménez que perdió su curul y sus derechos como legislador en el 2014 por estar detenido. El oficialismo ha remarcado que el caso es distinto, ya que el exasambleísta recibió una sentencia de 18 meses por injurias y esta fue ejecutoriada.
Además, se ha hecho el símil con Magali Orella, quien fue sancionada con 30 días de impedimento para asistir a las sesiones de Pleno cómo asambleísta, sin paga. Esto luego de que protagonizará un encuentro verbal con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea.