La posibilidad de confirmar o descartar la tesis del supuesto intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa, el 30-S, seguirá en manos de la Tercera Sala de lo penal de Pichincha.
Los jueces Eduardo Ochoa, José Miguel Roldán y Fausto Vásquez volvieron a suspender su dictamen frente al pedido de impugnación que hizo la Fiscalía al fallo de primera instancia del Juzgado Quinto de lo Penal. Este tribunal no encontró elementos para acusar a Carrión y a los policías Luis Martínez, Marco Vinicio Paucar y Luis Bahamonde.
Los cuatro uniformados fueron acusados por la Fiscalía de, supuestamente, haber atentado contra la vida del presidente Correa en el Regimiento Quito No. 1 y en el Hospital de la Policía.
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El jueves, durante casi seis horas, expusieron sus argumentos tanto la parte acusadora representada por el fiscal Luis Enríquez y los abogados de la defensa. Videos, audios y transcripciones literarias de los supuestos hechos de ese día se volvieron a presentar, como dispone la ley.
Por eso, el fiscal de Pichincha Marco Freire, aseguró que “si se toman en cuenta las pruebas presentadas, esperamos que se revoque la sentencia del Juzgado Quinto”. A pesar de eso, Freire está consciente que cualquier decisión que tome la sala habrá una tercera instancia de casación.
Es decir que la parte acusatoria apelaría si los jueces desechan el pedido de la Fiscalía. Y si lo aceptan, la defensa de Carrión y de los demás uniformados serán, en cambio, los que recurran a las instancias superiores.
Inicialmente se esperaba que la posición de la Tercera Sala se diera a conocer el jueves hacia las 21:00. Pero se alargó la deliberación. Según los jueces, fue un proceso complejo y, por eso, necesitaron hasta la tarde del viernes para tomar una decisión.
La jornada se desarrolló en horas de la tarde. Cerca de las 16:00, el ex Director del Hospital de la Policía ya se encontraba junto a sus familiares en las afueras de la Corte Superior.
Con pancartas, banderas y silbatos, familiares y amigos pedían que los autos que transitaban por la calle Diego de Almagro pitaran a favor de los acusados.
Sin embargo, en la otra esquina se encontraban manifestantes que gritaban a favor del Gobierno. En su mayoría, eran jóvenes estudiantes que demandaban un proceso firme desde la Tercera Sala para condenar a los responsables de los hechos del 30-S. La Policía montó un operativo más fuerte que el del jueves. La calle Pradera, donde está el edificio de la Corte Provincial, estuvo cerrada desde las 16:00.
Cerca de 100 efectivos de las fuerzas especiales GOE, GIR y COM estuvieron presentes con dos canes amaestrados y pusieron vallas de seguridad.
Los jueces pidieron esperar un momento más para “dilucidar” la decisión. Asesores del Ministerio del Interior, tal y como se identificaron, pidieron ingresar a la sala. Hasta las 17:00 la audiencia se desarrollaba con aparente normalidad.
Al interior de la sala solo pudieron ingresar 45 personas y hubo estrictas medidas de seguridad. Un grupo de policias pedía que los celulares se apagaran y registraban a las personas para que no tengan objetos de metal.
Con 20 minutos de retraso, la secretaria de la Tercera Sala ingresó al pequeño cuarto de audiencias para informar y pedir paciencia, porque los jueces necesitaban de más tiempo para definir la resolución.
Los acusados tomaron de mala manera esta noticia y cerca de las 17:40 abandonaron la sala sin dar explicaciones.
La Fiscalía se mantuvo en el lugar a la espera de la resolución mientras que los acusados, junto con sus defensores, no regresaron para conocer una respuesta.
Debido a que la defensa no retornó, los jueces de la Tercera Sala resolvieron suspender nuevamente la audiencia. De esta manera se mantiene la incertidumbre en uno de los casos más complejos que la justicia tiene con relación a los hechos del 30-S.
A manera de reacción, ayer Jeaneth Orbe, esposa del ex Director del Hospital, dijo que aún tiene la esperanza “que exista gente buena que ratifique la inocencia de mi esposo”. Si la sentencia del Juzgado Quinto fuera revocada, la esposa del coronel aseguró que “seguirá en la lucha”.
Fuera de la Corte las manifestaciones continuaron.
Otros casos
La Corte Provincial de Pichincha tiene en sus manos la impugnación en contra de Fidel Araujo, mayor (r) del Ejército. En el fallo de primera instancia, el acusado fue liberado de los cargos de incitación a la rebelión. Pero la Fiscalía impugnó.
La defensa del ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, también apeló la sentencia judicial que lo condenó. Él y otros cinco policías fueron acusados, en diversos grados, por el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado, por la toma de la Asamblea Nacional durante el 30-S.