El parque automotor del Municipio de Esmeraldas se encuentra en mal estado. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO
Las críticas a las anteriores administraciones acompañaron a la gestión de los primeros meses de los nuevos alcaldes, posesionados el 14 de mayo.
Estos cuestionamientos llegaron en seis cantones a consolidarse como declaratorias de emergencia, ante denuncias de los flamantes burgomaestres en diferentes aspectos.
La primera en utilizar este recurso fue Alexandra Arce (Alianza País), nueva alcaldesa de Durán, uno de los cantones más grandes del país. Su Municipio cerró las puertas por 15 días y el 9 de junio presentó a la comunidad dos nuevos vehículos recolectores de basura.
Arce denunció que heredó de Dalton Narváez, su antecesor socialcristiano, un Cabildo en absoluto desorden físico, administrativo y financiero.
Detectaron que la institución tenía un déficit de USD 10 millones y que en las cuentas bancarias del Municipio había apenas USD 106.
En Guayas, dos cantones más fueron declarados en emergencia. Jujan, limítrofe con Babahoyo (Los Ríos), está desde el 4 de junio en emergencia vial y sanitaria de 60 días.
El alcalde Nicolás Ugalde argumentó la medida en la falta de agua potable, alcantarillado sanitario y el pésimo estado de las calles del cantón.
El nuevo Burgomaestre llegó al Cabildo por el partido Avanza pero, días después, en un acto público se afilió al Movimiento País, al que pertenece su antecesor, su tío Jorge Yánez, quien se encuentra detenido por una supuesta apropiación indebida de bienes públicos.
Mientras que en Palestina, el nuevo alcalde, Luis Palma (PSC), dijo que encontró USD 30 000 en las cuentas bancarias cuando el promedio mensual que percibe el Cabildo es de USD 230 000. Además, señaló que la maquinaria pesada no estaba en buen estado y los empleados, impagos.
En Quito, la situación del transporte público derivó en que el alcalde Mauricio Rodas (SUMA) lo declarara en emergencia. También anunció la ejecución de un plan de rescate por $ 29,5 millones.
Rodas dijo que el exalcalde Augusto Barrera devolvió USD 15 millones de un crédito ofrecido por el Banco del Estado para la adquisición de nuevas unidades para el Trolebús.
2 cantones de Esmeraldas
Dos de los siete municipios de la provincia de Esmeraldas fueron declarados en emergencias administrativas y financieras por sus concejos.
En el caso del Municipio de Esmeraldas , que estuvo 14 años administrado por un alcalde de la línea del MPD, el Cabildo quedó con una deuda de USD 10 millones que debe ser pagada hasta el 2016, según el alcalde Lenin Lara, de País.
La declaratoria de emergencia sirvió para acceder a un crédito con el Banco del Estado, que permita la compra de recolectores de basura, equipo caminero y la firma de un convenio con Ecuador Estratégico, para el reasfaltado de la ciudad, según el Alcalde.
“Hemos encontrado un Municipio endeudado, por eso se han tomado medidas emergentes como estas”, dijo Lara.
Sin embargo, el exalcalde Ernesto Estupiñán (MPD) cree que desde el Gobierno se trata de empañar su gestión y señala que la deuda estaba financiada.
En el caso de Muisne, la declaratoria de emergencia se dio tras 14 años de inestabilidad política y malas administraciones, según el alcalde Eduardo Proaño (Alianza País).
El Burgomaestre denuncia que ese Municipio tiene un déficit de USD 13 millones, heredado de la administración pasada, en manos del exalcalde Paúl Vélez, que llegó por los registros de Sociedad Patriótica y luego se sumó a País.
El Burgomaestre habló de otra deuda de USD 400 000, por el incumplimiento de obras en las administraciones de los alcaldes Tyron Quintero (PSP) y Ángel Berna (MPD y País).
Críticas a sus antecesores
Los cuestionamientos a la gestión de las anteriores autoridades ha sido la tónica de estos meses en Imbabura, a pesar de que no se ha llegado a declarar la emergencia en esa provincia.
El prefecto Pablo Jurado, de Avanza, por ejemplo, ha criticado los retrasos y supuestos errores en los proyectos de construcción de vías secundarias, a pesar que su antecesor, Diego García (A. País), resaltaba las carreteras como la obra emblemática de su gestión.
Álvaro Castillo, nuevo alcalde de Ibarra por Avanza, inició su gestión con un sondeo de opinión ciudadana para cambiar el nombre del parque Céntrica Bulevar, la principal obra de su antecesor Jorge Martínez (AP). Con un apoyo mayoritario Castillo le bautizó como parque Ciudad Blanca.
En Santo Domingo de los Tsáchilas la exalcaldesa Verónica Zurita (A. País) estuvo en el ojo de la crítica del alcalde Víctor Quirola (Avanza) por el proyecto de agua potable que no se termina de construir.
A los pocos días de haber asumido el despacho, el alcalde Quirola lanzó serios cuestionamientos a su antecesora. Esta obra, que tiene un costo de USD 43,63 millones, causó molestia al Alcalde porque, según dijo, se habría firmado el acta de recepción provisional sin que la obra haya sido culminada en su totalidad.