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Ecuador aclaró a Bolivia que Carlos Ochoa y Sofía Espín no son perseguidos políticos

El canciller José Valencia rechazó los cuestionamientos del Gobierno de Venezuela, sobre las nuevas medidas migratorias que implementará Ecuador para los migrantes venezolanos. Foto: EFE

El canciller José Valencia rechazó los cuestionamientos del Gobierno de Venezuela, sobre las nuevas medidas migratorias que implementará Ecuador para los migrantes venezolanos. Foto: EFE

El canciller José Valencia. Foto: EFE

El canciller, José Valencia, precisó al Gobierno de Bolivia que ni el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, ni la exasambleísta Sofía Espín (exAP), son perseguidos políticos.

La aclaración se dio ante reportes de que Ochoa y Espín “habrían pedido refugio/asilo” en ese país, señaló este viernes 1 de febrero de 2019, el jefe de la diplomacia ecuatoriana, a través de su cuenta de su cuenta de Twitter.

“La Cancillería ha informado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que ambos ciudadanos son buscados por jueces, acusados por delitos comunes; por tanto no sufren persecución política”, apuntó.

En la víspera, la ministra del Interior, María Paula Romo, reveló los movimientos migratorios de Ochoa y Espín y apeló “al sentido de cooperación internacional, para que estas personas sean devueltas al país donde tienen procesos penales”.

Sofia Espín fue destituida el 13 de noviembre del 2018. Foto: Archivo

Durante una audiencia, el 24 de enero pasado, Ochoa quedó oficialmente procesado por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. La Fiscalía lo acusa de haber sancionado a medios de comunicación con la Ley de Comunicación adulterada.


Marco Rodríguez,
juez de la Corte Nacional de Justicia, ordenó ese día prisión preventiva para el exfuncionario, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Además, solicitó la difusión de una alerta roja en la Policía Internacional (Interpol).

Carlos Ochoa habría sancionado a medios con la Ley de Comunicación adulterada. Foto: Archivo

Espín, en cambio, tenía orden de prisión preventiva desde el 23 de enero pasado, luego de incumplir en dos ocasiones las medidas cautelares de presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Ella fue destituida de la Asamblea el 13 de noviembre de 2018 y es investigada por oferta de tráfico de influencias, dentro del proceso por el caso relacionado con el secuestro al político Fernando Balda, en el que fue sindicado el

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