La Comisión de Fiscalización de la Asamblea desarrolló este viernes 21 de abril una cuarta jornada de comparecencias por el trámite del juicio político contra Guillermo Lasso. Allí se dieron confrontaciones y hasta epítetos entre la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las proponentes, y el abogado del Presidente, Edgar Neira.
Los altercados se dieron cuando se trataba el informe no vinculante que fue aprobado el 31 de octubre del 2022 por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sobre el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y que, según el oficialismo, avaló la gestión en la empresa estatal y hasta resaltó sus utilidades.
El oficialista Guido Chiriboga, uno de los integrantes de la comisión, indicó que “no hay coherencia” en la actitud de Pazmiño, pues dicho informe fue aprobado con su voto y el de la mayoría opositora que impulsa el juicio político contra Lasso, a quien acusan de peculado en un contrato de Flopec con Amazonas Tanker.
Neira le pidió explicaciones a Pazmiño, pero ella finalmente se negó a responder las preguntas. “Yo estoy aquí como proponente, no como testigo. Si quiere hacer más preguntas, hágalo a los asambleístas del Gobierno”, le dijo la legisladora, separada de la bancada de Pachakutik y afín al presidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Cruce de palabras
Pazmiño catalogó de “antojadizas” a las preguntas del abogado, al señalar que intentaba “poner palabras” en su boca. “Vaya agarrando nomás el micrófono que me conteste bien”, replicó Neira y eso exacerbó los ánimos entre oficialistas y opositores que coparon el salón.
“Está evidenciado como son: malcriados los abogados del señor Guillermo Lasso. Malcriados son los abogados. ¡Por favor, señor abogado, ¡respeto hacia esta autoridad y asambleísta!”, enfatizó la legisladora, a lo que recibió la respuesta de Neira que “para exigir respeto hay que ser respetable, asambleísta, y usted no lo es”.
Los gritos continuaron y Pazmiño solicitó, sin éxito, que el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, sea expulsado del salón, de quien dijo haber recibido una grosería. La correísta Viviana Veloz, otra de las proponentes del juicio político, salió en defensa de Pazmiño y rechazó que pretendan “convertir esta causa en un sainete”.
Polémica carta
Neira también llevó una carta donde Pazmiño reclamaba al exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas (Emco), Hernán Luque, que se haya intentado dar por terminado el contrato con Amazonas Tanker. “Vamos a ver qué explicaciones nos da respecto a esta incongruencia, falta de seriedad”, insistió.
En esa misiva, citó el abogado, Pazmiño indicaba que le causa “una enorme preocupación los procederes” del entonces gerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, quien luego se convirtió en el principal testigo de la oposición para esta causa y no acudió a testificar en el juicio político.
“No tengo por qué estar respondiendo cada una de las conclusiones que usted está dando lectura”, remarcó Pazmiño. Su conducta fue reprochada por el presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.). “Pero usted mismo le dice al almirante Estupiñán, y lo que usted dice aquí es preciso, que no se puede romper un contrato”, cuestionó Villavicencio.
Pazmiño reaccionó: “¿Estoy equivocada, señor colega Fernando Villavicencio?¿Estoy equivocada del daño y perjuicio que se le hizo al país?”. “Sí está”, complementó el abogado Neira.
Los asambleístas del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC), que también integran la Comisión de Régimen Económico, no se presentaron a la convocatoria. Solo acudieron los oficialistas que aseguraron se abstuvieron de aprobar el informe porque no se les había entregado el texto con anticipación. Además, una exsecretaria denunció que fue separada de la Comisión por un asesor de Pazmiño con el argumento de que “el correísmo había tomado fuerza”.
Emco calificó de “infundado” al juicio
Joaquín Ponce, presidente del Directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas (Emco), calificó de “infundado” al juicio político.
“Las comparecencias que se han realizado hasta el día de hoy nos demuestran la honorabilidad del Presidente de la República, que un juicio político no se puede construir con falsas narrativas y, por sobre todo, nos demuestra que el país necesita saber la verdad”, dijo.
Aseguró que todas las recomendaciones de la Contraloría sobre el cuestionado contrato fueron cumplidas, además que Johnny Estupiñán, fue un “mal gerente” de Flopec y presentó información falsa al Primer Mandatario.
Juan Carlos Larrea, procurador General, y quien le antecedió en el cargo, Íñigo Salvador, aseguraron que esta institución se abstuvo de revisar el contrato con Amazonas Tanker porque la Contraloría ya realizó un examen especial. También estuvo convocada la fiscal General, Diana Salazar, pero se excusó.
Las comparecencias terminarán el próximo miércoles 26 de abril, cuando se espera que el abogado de Lasso presente sus descargos. Desde entonces la Comisión tendrá 10 días de plazo para entregar un informe para resolución del Pleno, donde una posible censura y destitución dependerá de 92 votos.
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