El Cpccs aprobó el inicio de la evaluación con votos de seis de sus siete integrantes. Foto: API
Los plazos empezaron a correr este jueves, 10 de mayo del 2018. Los jueces de la Corte Constitucional (CC) tienen hasta el próximo viernes (18 de mayo) para presentar sus informes de gestión ante el Consejo de Participación (Cpccs) transitorio.
Ese es uno de los requerimientos que la entidad hizo a los magistrados, en medio del proceso de evaluación que se les inició. Además, la ciudadanía puede presentar sus denuncias hasta el miércoles 16 de mayo.
En el caso de la CC, el Consejo Transitorio estableció dos causales para la cesación directa de los jueces, antes de la finalización de la evaluación.
La primera es la misma que para las otras instituciones. Se aplicará en caso de que los funcionarios no presenten sus informes. Y la segunda es específica: si los jueces toman alguna decisión que obstaculice el trabajo del Consejo. A ambos casos se los considerará como un incumplimiento de funciones, que derivará en la cesación de los magistrados.
Aunque el proceso ya está en marcha, todavía es una incógnita si la Corte se someterá a la evaluación. Este Diario solicitó a la CC un pronunciamiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Aunque el organismo indicó, a través de Twitter, que fueron notificados y que se pronunciarán “con altura y objetividad dentro del marco que impone la Constitución”.
Personal de comunicación de la entidad explicó, vía telefónica, que desconocían la fecha y hora del pronunciamiento o si sería oral o por escrito.
La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el arranque de este proceso. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Las dudas sobre el proceso nacen en el mismo Consejo. La resolución adoptada es la segunda que el Pleno no tomó por unanimidad. Y es la primera con un voto en contra, del consejero Xavier Zavala Egas.
El jurista guayaquileño considera que evaluar a la CC no está dentro de sus facultades, porque la designación de los magistrados no está a su cargo. Los otros vocales están a favor.
A nivel profesional, entre varios abogados constitucionalistas, también hay discrepancias. Ismael Quintana tiene tres argumentos para creer que la evaluación sí procede.
El primero es el artículo 431 de la Constitución. Ahí se prohíbe el inicio de juicio político en contra de los jueces de la CC y también que estos funcionarios sean removidos por el órgano nominador. Sin embargo, añade que se someten a las mismas responsabilidades que el resto de autoridades.
Otro argumento es el artículo 178 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que establece que estos jueces no podrán ser removidos por las autoridades que han intervenido en la designación. Esta prohibición sí aplica para el Cpccs.
Pero Quintana aclara que no es lo mismo una remoción que una terminación anticipada de funciones, que es lo que se aprobó en el referendo.
Y, finalmente, el artículo 233 de la Constitución, que explica que todo funcionario público está sujeto a las mismas responsabilidades civiles, penales y administrativas.
El también especialista Stalin Raza, en cambio, cree que el Cpccs no tiene facultad para evaluar ni cesar a los magistrados de la Corte Constitucional. Y recuerda que con la Carta Política y la Ley de Garantías se estableció un blindaje para esos funcionarios. “La Corte tiene que irse porque le debe al país, porque ha demorado en el trámite de casos. Deben dar un paso al costado (…) pero el Cpccs no tiene la facultad” de hacerlo, advirtió.
Además, el 18 de abril la CC dictó una sentencia dentro del caso Cervecería Nacional, en la que interpreta el Código Penal y se blinda contra el prevaricato, lo que le permite fallar en contra de una ley expresa.
En la Asamblea Nacional también hay puntos de vista contrarios. La correísta Lira Villalba asegura que la evaluación no es viable, porque la CC no está dentro del campo de acción del Consejo. Pero Guillermo Celi (SUMA) explica que no se puede limitar la obligación de los jueces de responder por sus actuaciones.
Audiencia en Balsas
Dos delegados del Cpccs acudieron ayer a una audiencia convocada por el juez Eleuterio Aguilar, en El Oro.
El magistrado había dejado sin efecto la suspensión de los concursos de fiscales, ordenada por el Consejo transitorio.
Sin embargo, la audiencia se suspendió porque el Juez no tenía la certeza de que la accionante de las medidas fuese afectada por esa suspensión.
