El Cpccs busca superar sus pugnas con otra Presidenta
Ayer se notificó la destitución de Christian Cruz y se anunció una tercera conformación del organismo de control. Fotos: Archivo / EL COMERCIO
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) tendrá su tercer presidente en menos de 16 meses, luego de que la Asamblea Nacional censurara y destituyera a Christian Cruz, con 124 votos a favor.
La tarde de ayer, el organismo conoció la notificación oficial del Parlamento, con lo que tiene vía libre para iniciar la reconformación del Pleno.
La primera en salir al frente fue Sofía Almeida, vicepresidenta del Cpccs, quien anunció que asumiría la Presidencia, acogiéndose a lo establecido en la normativa que regula al Consejo. “Los ecuatorianos me eligieron para servirlos, no para protagonizar pugnas ni tampoco sucesos bochornosos, por eso asumo la Presidencia para activarla”, declaró.
El artículo 41 de la Ley del Cpccs estipula que el vicepresidente reemplazará al presidente “en caso de ausencia temporal y, de ser definitiva, hasta completar el período para el cual fue electo el titular”.
La norma fue reformada en el 2018, tras el referendo que obligó a que las autoridades del ente sean electas en las urnas. Allí se precisó que la Presidencia y Vicepresidencia se ejercerán por el período de dos años, de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer. Cruz estuvo en funciones desde el 29 de agosto del 2019, por lo que Almeida ejercería la Presidencia por los 11 meses restantes.
María Fernanda Rivadeneira, la principal interpelante de Cruz, cree que los siete integrantes del Pleno se deberían reunir para definir si se da paso a la sucesión-como anunció Almeida- o si se realiza una nueva elección de autoridades.
El consejero Francisco Bravo, en cambio, reconoce que Almeida legalmente debe suceder a Cruz y convocar a una sesión para designar al Vicepresidente, de entre los cuatro consejeros varones.
Además, en la Plenaria asumirá como integrante principal Hernán Ulloa. A su criterio, la actuación del Cpccs estuvo limitada por falta de presupuesto y efectos de la pandemia. Hay que adaptarse “a las nuevas circunstancias”.
Almeida espera sacar a flote el Cpccs, pero reconoce que “ha sido herido de manera muy profunda”. Rivadeneira coincide, pues ya van cinco consejeros destituidos por la Asamblea. La funcionaria cree que se necesita un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, para cumplir con las funciones de la entidad.
Entre las atribuciones del Cpccs consta la designación de autoridades de control de 16 instituciones, la lucha contra la corrupción y promover la participación ciudadana.
Pero desde junio del 2019 no se ha completado la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT) ni del titular de la Defensoría Pública. Además, se debe nombrar a los representantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa).
Almeida aclaró que ya se encuentra en fase de impugnación la designación del SOT.
Entre el 2018 y el 2019, el Consejo Transitorio ya designó a la mayoría de autoridades de control. Ese organismo denunció que en anteriores administraciones se nombró funcionarios con conflictos de intereses con el Ejecutivo.
Francisco Bravo asegura que se han conformado 29 veedurías ciudadanas para seguir procesos de contratación pública por USD 499 millones. También se impulsaron 70 mecanismos de control social durante la pandemia del covid-19, entre otras acciones.
El Cpccs, además, actúa como parte procesal en “10 casos emblemáticos de corrupción”, como la Refinería del Pacífico, la reconstrucción de Manabí, entre otros.
El futuro del Cpccs también se debate en la Asamblea, con dos iniciativas parlamentarias y ciudadanas que plantean limitar o eliminar al organismo.
La vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas, Wilma Andrade (ID), dijo que en el cronograma de la mesa no está previsto convocar nuevamente a las autoridades del Cpccs para la discusión. “Creo que si miramos objetivamente es totalmente inoficioso, es un organismo inútil que solo sirvió para la concentración de poder del correísmo”, dijo.
En relación a la iniciativa de reforma constitucional que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática, que lidera el exconsejero transitorio Pablo Dávila, el segundo debate se dará en diciembre próximo, cuando se cumplen los 90 días del primer debate.
Mientras que para enero se tiene programado el debate de la enmienda constitucional de iniciativa parlamentaria para limitar las funciones de designar autoridades que tiene el Cpccs, en cuyo caso se requiere de una mayoría calificada (91 votos) para su aprobación en el Pleno del Parlamento.
La intención es que la función nominadora vuelva a la Asamblea. A diferencia de la reforma constitucional, esta propuesta de enmienda no requiere ser sometida a un referendo. Andrade señaló que en la bancada del correísmo, que controla 32 curules, hay resistencia para ambos proyectos.
Almeida llamó a la Asamblea al diálogo para defender los derechos de participación.