El caso de un ecuatoriano fallecido y otro herido a causa de un aparente uso “innecesario y desproporcionado de la fuerza” por parte de uniformados de la Armada Nacional es investigado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Los hechos se remontan hace 23 años.
Un comunicado de este organismo internacional precisa que esta causa tiene que ver con la muerte de Luis Eduardo y las lesiones producidas a Andrés Alejandro, ambos de apellidos Casierra Quiñonez, presuntamente por parte de agentes de la Armada Nacional del Ecuador en diciembre de 1999.
La audiencia pública se realizó el pasado viernes 11 de febrero del 2022. “Se alega la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de Luis Eduardo, y del derecho a la integridad personal de Andrés Alejandro, debido a que el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre el uso de la fuerza letal, que fuera el resultado de una investigación independiente, imparcial y con la debida diligencia”, dice el documento.
Las observaciones de la CorteIDH
Asimismo, en esta causa “se argumenta que el uso de la fuerza empleada por el Estado no habría tenido una finalidad legítima y habría resultado innecesario y desproporcionado”.
También se alega que, al tratarse de presuntas a los derechos a la vida y a la integridad personal, los hechos no podían considerarse como posibles “delitos de función”, por lo que la investigación debió adelantarse en el fuero ordinario.
En el expediente se alude a que “al haberse aplicado la justicia penal militar, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo”.
Legislación
El tratamiento de esta causa en la Corte Interamericana coincide con el debate de un proyecto de ley en la Comisión de Seguridad de la Asamblea para regular el uso de la fuerza, que abarcará a policías y militares.
De acuerdo con el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, se prevé que hasta el 25 de este mes esté listo el informe para el primer debate, luego de una serie de comparecencias de autoridades, expertos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos.
“La Constitución actualmente a quien le da la facultad de ejercer una violencia legal o a mantener el orden público es únicamente a la Policía Nacional, y de manera complementaria y en estados de excepción a las Fuerzas Armadas”, señaló Narváez.
Los defensores de Derechos Humanos han recomendado que para esta norma se tomen en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del sistema interamericano de DD.HH.