El correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) impulsan nuevas acciones legales en contra del juez de La Concordia, Ángel Lindao, por haber anulado el juicio político en contra de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
A una ‘notitia criminis’ por supuesto abuso de derecho presentada en la Fiscalía General del Estado, se sumaron esta semana una denuncia por supuesto error inexcusable y un pedido para que se revisen las cuentas del juez.
El asambleísta del PSC, Luis Almeida, informó que el miércoles 28 de diciembre acudió a la delegación del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas con su queja.
“Reconocí mi firma de la denuncia contra el juez Ángel Lindao respecto a mi solicitud de la declaratoria de error inexcusable y negligencia manifiesta por las irregularidades en la acción de protección presentada contra la Asamblea”, mencionó.
A su vez, las asambleístas del correísmo Viviana Veloz y Pamela Aguirre enviaron solicitudes al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (Uafe) para que realicen una investigación patrimonial al operador judicial.
Lo hicieron después de que el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, requiriera a estas instituciones que investiguen a otros cinco jueces por haber emitido fallos a favor de antisociales.
“Solicitamos que la investigación se realice también al juez Lindao Vera Ángel, perteneciente a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón La Concordia, debido a que se halla inmerso en una serie de escándalos y denuncias penales por presuntamente abusar del derecho y de la posición de su cargo público”, indicaron en el oficio.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), y cuatro asambleístas del correísmo y del PSC, acudieron el 23 de diciembre a la Fiscalía General del Estado para pedir que se lo llame a declarar y sea investigado por sus actuaciones en este proceso.
Saquicela cuestionó que Lindao, haya sido el único juez que aceptó tramitar una de siete acciones de protección presentadas por el ciudadano Manuel Párraga a favor de la mayoría del Cpccs, en La Concordia, un cantón alejado a Quito, donde tiene la sede el Legislativo.
“Hemos requerido que la señora Fiscal disponga de manera inmediata la versión del juez Lindao, la versión del actor de estas denuncias y acciones de protección. Y de todos los involucrados en el tema. Que comparezcan ante la Fiscalía y que se establezca que existe fraude procesal, que existe concertación entre varios actores en el país” contra la Asamblea, apuntó Saquicela.
Reacciones del juez
Sin embargo, a través de una providencia, el juez señaló que hasta entonces “no ha sido notificado por ningún organismo competente, tanto en el órgano jurisdiccional como en el ámbito disciplinario o administrativo con el contenido de ninguna denuncia que tenga relación a la tramitación de la presente causa”.
Además, el magistrado notificó por escrito a las partes sobre la acción de protección donde determinó que la Asamblea vulneró los derechos de la mayoría del Cpccs en el juicio político que concluyó con la censura y destitución. Y advirtió a los legisladores que se exponen a un proceso de destitución si no acatan la sentencia.
“De persistir dicha conducta se remitirá los antecedentes procesales a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones por el presunto delito tipificado en el Art. 282 del COIP por incumplir una orden judicial legítima de autoridad competente”, concluyó.
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