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Contraloría, hasta 60 días para auditar al Presidente

En la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional se investiga la situación del presidente Lasso. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los plazos corren. La Contraloría General del Estado lleva adelante dos exámenes especiales relacionados con el presidente Guillermo Lasso, por su vinculación con los denominados Papeles de Pandora. Estos procesos avanzan paralelamente a la investigación que realiza la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, que deberá tener listo su informe hasta el 6 de noviembre. El caso también lo indaga la Fiscalía.  

Lasso, mediante cartas remitidas al Legislativo, dijo que a su criterio la Contraloría tiene “competencia privativa”, para investigar el cumplimiento a la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular de 2017. Esa norma se refiere a la prohibición de que funcionarios públicos tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.   

En el primer examen iniciado por Contraloría, el 11 de octubre, se verificará que la declaración patrimonial presentada por Lasso para asumir la Presidencia incluya todos los bienes de su propiedad, así como los de su esposa, María de Lourdes Alcívar, y de hijos menores de edad, que en este caso ya no aplica. El plazo para completar esa acción de control es de 45 días, por lo que terminará el 25 de noviembre.  

En su declaración, Lasso reportó un patrimonio total de USD 39,7 millones. Registró como bienes inmuebles tres casas en Guayas, seis en Santa Elena, un terreno en Pichincha y dos vehículos. En ese documento reportó USD 36,4 millones en la sección de derechos fiduciarios. Mientras que en el acápite de activos disponibles en bancos o sistemas financieros, Lasso declaró dos cuentas corrientes y una de ahorros en Ecuador, y tres cuentas corrientes en Estados Unidos, que sumadas todas dan un monto de USD 1,2 millones. 

Alberto Jhayya, subcontralor encargado, aseguró en la Asamblea que el alcance de Contraloría en este primer examen, de hallarse irregularidades, sería aprobar un informe con indicios de responsabilidad penal, que sería puesto a consideración de la Fiscalía. Este informe puede motivar a la Fiscalía a abrir otra investigación previa relacionada con la declaración patrimonial del Jefe de Estado. Actualmente, Fiscalía ya investiga a Lasso por una supuesta defraudación tributaria, tras una denuncia presentada por Yaku Pérez.    

El segundo examen, con fecha 13 de octubre, determinará si Lasso es propietario de bienes o capitales ya sea a su nombre o a través de sociedades (en las que participe como socio, accionista, constituyente o beneficiario) en paraísos fiscales. Este proceso da 60 días de plazo para el informe, es decir hasta el 13 de diciembre.   

En ese lapso, el presidente Lasso podrá ejercer su defensa y presentar descargos.

¿Cuál es el alcance de este segundo examen? El subcontralor explicó que, de hallarse vulneraciones a la norma, la Contraloría puede estimar que existe causal de destitución del Mandatario. Ese informe sería remitido a la Corte Constitucional, entidad que deberá ratificar o rechazar el dictamen del órgano de control. Y después, dicho dictamen podría pasar a la Asamblea Nacional, como ente ejecutor de la destitución.  

Lasso asegura que se deshizo de 11 inversiones en paraísos fiscales para poder candidatizarse a la Presidencia, y niega tener vínculos con el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust.  

El constitucionalista Ismael Quintana cree que el pronunciamiento de Lasso sobre la facultad “privativa” de Contraloría, para investigar el cumplimiento del pacto ético de 2017, confunde los ámbitos de competencia de cada institución.

“Me parece que el Presidente en este caso no tiene claro que un mismo hecho puede significar diversos tipos de responsabilidad en el ámbito jurídico”.

El experto dice que el hecho de que Lasso esté inmerso en dos exámenes especiales de Contraloría no deshabilita la potestad de fiscalización de la Asamblea, aunque aclara que la Comisión de Garantías Jurisdiccionales no podría recomendar el juicio político contra Lasso, solo por no comparecer a esa mesa legislativa.  

 Fernando Cabascango (PK), presidente de la Comisión, dijo que durante la fase de comparecencias, funcionarios de instituciones públicas no “brindaron” información con el argumento que se trata de documentos reservados. Pero asegura que el informe del caso tiene un “avance del 80%”.

Añadió que la legisladora correísta Victoria Desintonio entregó documentos a la Comisión, sin dar más detalles, porque están en una fase de análisis. “Hemos garantizado la legitima defensa para que puedan decir si son o no informaciones que consideran reales”. 

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