El Fiscal Distrital de Pichincha y dos abogados de miembros de la Escolta Legislativa lo advierten: la sentencia de ayer en la madrugada en contra del coronel Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta, y de otros cinco policías, puede desencadenar un efecto dominó en los demás juicios que siguen abiertos por los hechos del 30-S.
Tapia, Marco Tibán, Francisco Noboa; Patricio Simancas; Mario Flores y Carlos Tasinchana fueron condenados por atentar contra la seguridad interna del Estado. Ellos, según el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, protagonizaron los incidentes en la Legislatura.
Carlos Poveda, abogado de Tibán, dice que jurídicamente los procesos que se abrieron por la revuelta policial (los disturbios en el Regimiento Quito, la protesta en la Asamblea y los sucesos en el Hospital), no tienen relación. Pero al encadenarse pudieran fortalecer la tesis del golpe de Estado que defiende el Gobierno. “Si este caso (el de Tapia y los otros uniformados) salía a favor de los policías, el Gobierno no tendría argumentos para decir que se trató de desestabilizar al Presidente”.
Renato Vásquez, presidente del Tribunal Penal, insistió ayer que este grupo de uniformados impidió la sesión de los asambleístas, prevista para ese día. Según los jueces, esa actuación debe ser sancionada bajo la figura penal de atentado a la seguridad interna del Estado. El delito contempla hasta ocho años de prisión.
Víctor Hugo Cevallos, abogado del coronel Rolando Tapia, asegura que la decisión que tomó el Tribunal Penal fue política y no jurídica. Asegura que el Gobierno hizo un seguimiento especial a este proceso que se comprueba con la presencia permanente de funcionarios de la Presidencia y de los ministerios del Interior y Justicia.
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, rechazó la acusación de que existió una presión política para encontrar culpable al coronel Tapia y a los otros cinco uniformados. “La Fiscalía realiza una investigación técnica y jurídica de la implicación en un delito y esta ocasión, el Tribunal valoró como objetivas las pruebas”.
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La sentencia contra los ex miembros de la Escolta Legislativa es el primer fallo a favor que consiguió la Fiscalía en los procesos penales por el 30-S. En otros dos casos juzgados, los acusados recibieron sentencias a su favor.
Un caso fue el del mayor retirado del Ejército, Fidel Araujo, quien está acusado de supuestamente incitar a la rebelión de los policías en el Regimiento Quito. El otro fue contra el coronel César Carrión y otros cuatro gendarmes, quienes fueron imputados porque supuestamente intentaron asesinar al Presidente.
El fiscal Freire dijo que la decisión del Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha abre una luz para que se puedan revertir esas sentencias. “El país vio los videos y pruebas que presentamos, menos los jueces que resolvieron esos juicios”. Los dos expedientes están en manos de la Corte de Pichincha, la cual deberá resolver los pedidos de apelación que fueran presentados por la Fiscalía.
Ayer el presidente Rafael Correa dijo que con el fallo contra Tapia y los cinco escoltas se empieza a hacer justicia. “Faltan los demás involucrados en el 30 de septiembre, aquí nadie actúa en base al odio, nadie quiere meter preso a nadie, queremos que se establezcan responsabilidades”. También advirtió que solo así, “cuando se sepa la verdad, podemos hablar de indulto o lo que quieran, pero nunca más la impunidad”.
El abogado Poveda dijo que en la audiencia de ayer, se habría anunciado otro posible juicio contra su cliente Marco Tibán, hermano de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán.
Asimismo, se encuentran en carpeta los enjuiciamientos a más de 50 policías por la protesta en el Regimiento Quito y a los miembros de la Fuerza Aérea por la “toma” de la Base Aérea.
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Aún no se fijan las penas
El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha todavía no notifica las penas que impondrá a los policías Rolando Tapia, Marco Tibán, Francisco Noboa, Patricio Simancas, Mario Flores y Carlos Tasinchana.
El Código de Procedimiento Penal le otorga tres días de límite para que el Tribunal emita las penas en una providencia escrita. El plazo se cumplirá el viernes.
El coronel Rolando Tapia podría recibir la máxima condena porque fue considerado autor del delito de atentado a la seguridad del Estado. Las penas pueden ir de cuatro a ocho años de reclusión, sin derecho a fianza.
La semana pasada , Tapia conoció que fue dado de baja de la Policía Nacional por mala conducta profesional. Él aseguró que es “la cabeza de turco” (persona inocente que paga por la culpa de otros) pedida por el Régimen.
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Lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, durante la jornada del 30 de septiembre
09:00
Al tiempo que los policías del Regimiento Quito se amotinaron en rechazo a la Ley de Servicio Público y agredían al Presidente, la Escolta Legislativa, coordinada por policías, impidió el ingreso de los asambleístas de A. País.
12:00
Rosana Alvarado acusó a Gilmar Gutiérrez (PSP) de actuar en complicidad con la Escolta para evitar que los oficialistas se reúnan en la Asamblea .
13:00
Marisol Peñafiel trepó por el muro, de la av. Piedrahíta, en su intento por acceder a la Asamblea. Fue recibida por los policías con gases lacrimógenos y terminó en el suelo. Perdió el conocimiento. La atendió Leonardo Viteri (PSC).
noviembre/2010
Rosana Alvarado, Pedro de la Cruz, entre otros, pidieron que el Consejo de Administración Legislativa suspenda por 30 días a Gilmar Gutiérrez (PSP). Además, rindieron testimonios en la Fiscalía. La oposición pidió que una comisión investigue el caso. Pero la moción no tuvo apoyo.
“Se empezó a hacer justicia. Faltan los demás involucrados en el 30 de septiembre”.
Rafael Correa
Presidente de la República
“Me apena. Tapia fue jefe de la Escolta solo tres semanas. Ese día sí pudimos sesionar”.
Jimmy Pinoargote
Municipalista
“No se planificó nada. Fue una insubordinación. Cómo adivinar lo que haría Correa”.
Gilmar Gutiérrez
PSP
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