Con intentos de cambiar el orden del día, los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se instalaron este sábado, 6 de mayo del 2023, para conocer y votar el informe del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La sesión arrancó en el salón del exsenado del Parlamento, a las 10:15, a donde acudieron otros asambleístas del correísmo y del oficialismo que no son parte de esta mesa.
Como único punto del orden del día constaba el debate del informe no vinculante que será remitido al Pleno sobre el juicio político que impulsa la mayoría opositora del correísmo y el PSC contra Lasso por supuesto peculado.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo) y los comisionados Marco Troya, Pedro Velasco (ambos también del oficialismo) y el correísta Roberto Cuero, pidieron cambiar el orden del día por otros temas.
Primeras disputas
Los pedidos de modificar la agenda pusieron a prueba la correlación de fuerzas en la Comisión, en donde el oficialismo no tiene mayoría.
Antes de conocer el borrador del informe, donde se recomienda que no se dé paso al juicio político, Troya pidió que se revisara el reglamento sobre las competencias del equipo asesor de la Comisión que elaboró el texto y un pronunciamiento del Procurador General del Estado sobre el alcance del mismo.
El voto de Bruno Segovia, exintegrante del bloque de Pachakutik que actúa con el correísmo, fue dirimente para que se diera paso al pedido de Troya, con el respaldo del oficialismo y el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.). Mientras los delegados del PSC y el correísmo votaron en contra.
Cuero y Segovia rechazaron que Villavicencio los tachara de “actitudes violentas, matoniles” por haber irrumpido en la víspera en la Comisión y pedir la salida de uno de los asesores, Santiago Becdach, a quien acusaron de no ser imparcial.
Pero los otros pedidos de Cordero y Velasco para que, una vez entregado el informe del juicio político, se elabore también un informe de labores de la mesa, en vista de que el 14 de mayo se reorganizará la Asamblea, no fueron acogidos.
Fallido intento del correísmo
El correísmo también intentó pedir que se cambie el orden del día, pero Villavicencio no dio paso porque la Ley no permite más de tres solicitudes de este tipo en una misma sesión. Hubo reclamos.
“Aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político contra el señor Presidente de la República”, decía el memorando.
Villavicencio dijo que así se frustró el objetivo del correísmo y el PSC de llevar a la Comisión a aprobar un informe que recomiende el enjuiciamiento político contra Lasso, contrario al borrador del informe elaborado por el equipo asesor de la mesa.
Gabriela Molina, comisionada del correísmo, aseveró que la intención era “corregir” el asunto de la convocatoria, donde no constaba “aprobar el informe motivado”, sino solamente “conocer el informe”.
Solo dos proponentes del juicio acudieron
Villavicencio pidió que se dejara en actas que a la instalación de esta sesión solo acudió la correísta Viviana Veloz, una de las cuatro proponentes del juicio político. Mireya Pazmiño, separada de Pachakutik, se incorporó después; el socialcristiano Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo (ID) no se presentaron.
Entre las conclusiones del borrador del informe consta que Lasso “no incurrió en peculado” en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tankers para la renta de buques, que se suscribió en el anterior Gobierno. Por lo que recomendó “no dar paso al enjuiciamiento político”.
Para ello se basa en estos elementos:
- El contrato entre Flopec y Amazonas Tanker se firmó en diciembre del 2018, en un periodo distinto a la administración del presidente Lasso.
- La Contraloría General del Estado no recomendó la terminación de dicho contrato, aunque estableció 13 recomendaciones que fueron cumplidas por Flopec.
- No se establece responsabilidad política del Presidente de la República en presunto peculado, ya que no se celebraron nuevos contratos entre la filial petrolera estatal y la firma privada.
Villavicencio dispuso que se lea un pronunciamiento del Procurador, en el caso de que en la Comisión no existan los votos (al menos 5) para aprobar el texto. El correísmo acusó al funcionario de extralimitarse en sus funciones para tratar de obstruir el juicio y salvar a Lasso.
En último caso la decisión de una posible censura y destitución recae en el Pleno de la Asamblea, donde se requieren de, al menos, 92 votos.
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