Los consejeros de minoría, Enrique Pita (izq.) y Luis Verdesoto aseguraron que esa decisión de mantener a esas cuatro organizaciones políticas fue una decisión que no fue votada por ellos, sino por la mayoría. Foto: Archivo EL COMERCIO
El pasado viernes 20 de junion de 2020, la Contraloría reveló que se hizo un examen espacial a la inscripción de cuatro organizaciones políticas, y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió siete recomendaciones. “Situación que evidencia la falta de gestión de la Presidenta, los Consejeros y los servidores a quienes fueron dirigidas”, reza el documento.
La Contraloría se ratifica en su recomendación al CNE, de dejar sin efecto la inscripción de las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social. Además, pide a la titular del CNE, Diana Atamaint, que supervise la elaboración de un cronograma para la implementación de las recomendaciones incumplidas o parcialmente cumplidas.
Ante eso, los consejeros de minoría, Enrique Pita y Luis Verdesoto aseguraron que esa decisión de mantener a esas cuatro organizaciones políticas fue una decisión que no fue votada por ellos, sino por la mayoría, lo que a su criterio constituye un posible desacato.
“La mayoría del CNE aprobó un informe jurídico en el cual recomienda mantener el registro y la personería jurídica de las cuatro organizaciones políticas observadas por la Contraloría, en consecuencia, desacata sus observaciones”, dijo Verdesoto.
La oficina de comunicación de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó que la próxima semana habrá una posición oficial al respecto.
Mientras tanto, el correísmo, que participa con el partido Fuerza Compromiso Social dijo: “La Revolución Ciudadana frente a este nuevo intento de atropellar nuestros derechos políticos realizará todas las acciones legales nacionales e internacionales para evitar que se rompa con la ya débil institucionalidad. Exigimos a los máximos organismos del sufragio que se ratifiquen en sus actuaciones y no se presten para estas intenciones antidemocráticas del régimen, a través de la Contraloría”.
“Solicitamos la intervención de la CIDH, OEA, Unión Europea, frente a este claro intento de fraude electoral mediante la proscripción de nuestra participación; y, a la Defensoría del Pueblo para que impida esta violación a los derechos políticos de un importante sector de la sociedad”, agrega un comunicado del correísmo.
