23 de October de 2011 00:06

El caso de Fabricio Correa se volvió un búmeran

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Esta historia encierra una gran paradoja. Los denunciantes terminaron en el banquillo de los acusados. Y el denunciado, a pesar de los informes de los organismos de control y de una veeduría ciudadana, que confirmaron las denuncias, se catapultó a la tarima de candidato presidencial.

Dos años y cuatro meses han transcurrido desde que se revelara la participación de las empresas de Fabricio Correa en millonarios contratos con entidades del sector público.

¿Qué pasó con los entes de control? En septiembre del 2009, la Contraloría y la Procuraduría establecieron, en sendos informes, que las firmas relacionadas con F. Correa tenían contratos con el Régimen por más de USD 200 millones. Los auditores determinaron en siete exámenes especiales responsabilidades civiles, administrativas y penales.

En marzo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a través de la Secretaría de Transparencia, solicitó que la Contraloría y la Procuraduría les enviara toda la documentación relacionada con la contratación. Querían contrastarla con el informe de la veeduría. No obstante las entidades solo remitieron sus estudios del 2009.

Aunque el 20 de febrero pasado el pleno del Cpccs resolvió hacer un seguimiento y monitoreo del informe de la Veeduría, todavía no hay resultados.

El documento, que encontró contratos y subcontratos por USD 700 millones relacionados con las firmas de Correa, está en la Secretaría de Transparencia, a cargo de Lucy Blacio, ex fiscal de El Oro. Esa unidad debe emitir un informe de admisibilidad, requisito ineludible para que el Cpccs investigue las partes del informe que no son monitoreadas por otros entes de la Función de Transparencia, como la Fiscalía.

En el Ministerio Público tampoco hay avances relevantes. Durante la gestión del ex fiscal, Washington Pesántez, se abrieron dos indagaciones, a partir de auditorías de la Contraloría, que fueron desestimadas en marzo del 2010.

Actualmente esta entidad lleva adelante la indagación19-2011, ante una denuncia de Luis Villacís y Jorge Escala, del MPD.

La Fiscalía pidió asistencia penal a las autoridades de Panamá. Ahí se formaron las empresas International Energy Overseas Corporation e Engineering International Consultants Corporation, usadas como cortina societaria por Correa, para evadir la prohibición de contratar con el Estado, según la Procuraduría.

Ese expediente se reactivó esta última semana con las versiones de Fabricio Correa y los denunciantes. El hermano mayor del Primer Mandatario, quien anunció su candidatura presidencial, negó tener contratos con el Estado y sostuvo que era víctima de una campaña de difamación de dos de los periodistas denunciantes, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita y de Pablo Chambers, de la veeduría ciudadana.

[[OBJECT]]“Es inexplicable que dos años después no se haya enjuiciado o sancionado a los funcionarios que suscribieron los contratos”, expresó Luis Villacís. Tampoco se iniciaron procesos de repetición para cobrar los anticipos que se pagaron a las compañías.

Por el contrario, los representantes de las empresas contraatacaron. Mantienen cuatro demandas contra el Estado en tribunales de Loja y Quito (ver más en la pág 3). Exigen indemnizaciones por USD 45,2 millones, por la terminación unilateral de los contratos dispuesta por el Presidente.

Tres de las obras principales afectadas están en Loja: se trata de la rehabilitación de las vías Alamor-Lalamor y El Empalme-Celica, y del Sifón Limones, para el canal de Riego Zapotillo. Mientras la edificación del Sifón está paralizada, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabaja en la construcción de las carreteras, que todavía no están listas, pese a que fueron adjudicadas en el 2008.

El Cpccs critica a la veeduría

Las conclusiones del informe de la veeduría molestaron al Régimen y al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Lo que más le preocupó  al presidente Rafael Correa fue la conclusión  de que sí conocía que su hermano recibió contratos de su Gobierno.
Entonces anunció que demandaría  a los veedores, pero concretó su amenaza en otra dirección: enjuició civilmente, por daño moral, a  los periodistas Juan Carlos Calderón (ver testimonio) y Christian Zurita. Según el Mandatario, en el libro ‘El Gran Hermano’ los periodistas  señalaron  sin pruebas que sí supo de las contrataciones de Fabricio.  

La actuación de la veeduría también es duramente cuestionada por Marcela Miranda, titular del Consejo de Participación, que los designó en el 2009.

“Es como que dijera, toma 10  dólares y tráeme un  arroz con menestra de fréjol y chuleta, y me traes un arroz con menestra de lenteja y pollo asado y me cobras 15 dólares... ¡Cambiaste todo!”.

Según Miranda, los veedores, no cumplieron con el objetivo previsto (desde el Gobierno), como tampoco sus funciones. Con ella coincide la vocal Mónica Vanegas, quien dice que la veeduría   fue   utilizada con intereses políticos, pues se  extralimitó en su función,  que era  vigilar la terminación de los convenios y no indagar otras contrataciones.

Lo cierto es que el informe fue recibido con preocupación.  Eso es corroborado por la  vocal  Andrea Rivera. “Ese reporte fue incómodo para algunos consejeros. La cadena  oficial que criticaba   a Chambers  y  las amenazas de funcionarios, generaron presión sobre algunos consejeros”.   

En síntesis
Contraloría
La principal conclusión de ese  ente, encabezado por Carlos Pólit (foto),   fue que las empresas constituidas por Fabricio Correa, incluida Cosurca, que recibió la mayoría de contratos,  estaban relacionadas entre sí.  

Procuraduría
 “Fabricio Correa ha reconocido haber utilizado dos firmas panameñas para no aparecer como accionista de las contratistas, haciendo imposible detectar  inhabilidades”, dijo Diego García.

S. I. Compañías
 “Entre los socios de Cosurca aparece la firma International Energy Overseas Corporation, adquirida por Megamaq”. Esta fue   parte del holding de F. Correa, según la Contraloría.

La veeduría
Las empresas relacionadas con el hermano del Presidente de la República no solo recibieron contratos del Gobierno. Sino subcontratos, por USD 17,4 millones en el área petrolera.

Dos versiones
Aunque inicialmente Fabricio Correa admitió públicamente que sus empresas recibieron contratos millonarios del Régimen, hoy él niega cualquier relación con esas compañías.

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