Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, solicitó al Registro Civil la inscripción y el reconocimiento de su matrimonio ancestral con Manuela Picq. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO
Se trata de un hecho sin precedentes. Así lo reconoce Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, quien solicitó al Registro Civil la inscripción y el reconocimiento de su matrimonio ancestral con Manuela Picq, académica y activista franco-brasileña.
Aunque Pérez, precandidato presidencial por Pachakutik, asegura que poco o nada le importa que su unión sea reconocida por lo que denomina “sistemas coloniales”, el hecho de que el Registro Civil lo haga, significa un paso más cerca de conseguir la visa para su pareja.
Picq tuvo que abandonar el país en agosto del 2015, debido a que la Cancillería le revocó el 14 de ese mes la visa de intercambio cultural. Esto fue un día después de que fuera detenida durante una protesta indígena en la que participó junto a su pareja.
Desde entonces, la extranjera ha solicitado al Ecuador una visa que le permita trabajar y vivir de forma legal, sin que hasta ahora se la haya concedido. De hecho, se le negó la visa Mercosur que también la solicitó.
“Hemos solicitado la visa de amparo familiar, no le niegan, le dejan en suspensión que es algo peor. Dicen (en la Cancillería) que nosotros necesitamos la partida de matrimonio y que debemos acudir al Registro Civil… les estamos dando gusto”, comenta Guartambel.
Por este motivo, la mañana de este miércoles 27 de julio del 2016, el activista indígena de la nacionalidad Kañari, acudió hasta las oficinas del Registro Civil y entregó su partida de matrimonio que se celebró en el 2013 en la comunidad Escaleras, en Cuenca, además del pasaporte de Picq, una certificación de la inscripción de su unión ante la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay y una carta dirigida al director de esta Institución para que inscriba el matrimonio ancestral en los libros del Registro Civil.
En la solicitud que entregó hoy el activista, se asegura que su matrimonio se ofició “bajo el régimen jurídico ancestral de la comunidad Escaleras”, en Cuenca.
También, se cita a la Constitución que en sus artículos 1, 10 y 11, donde se reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y “justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional”. Y que el Estado debe reconocer la forma de organización social de todas las comunidades y pueblos indígenas.
“Si nos niegan, sabríamos que hay una venganza política del Gobierno, bueno, sabemos que la hay, pero sería reiterativo”, afirmó Pérez, quien incluso no descarta presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
