El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó tres proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19 y dispuso que sean tramitados por la Comisión de Garantías Constitucionales.
Las iniciativas legales, que fueron calificadas el lunes 12 de julio de 2021, corresponden a los asambleístas Mario Ruiz (Pachakutik), Victoria Desintonio (UNES) y al exparlamentario Roberto Gómez (exCreo).
Desintonio busca que sea derogado todo el Capítulo III, denominado Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, donde se incluyen mecanismos de flexibilidad laboral como el contrato especial emergente o la reducción emergente de la jornada de trabajo.
La propuesta de Gómez, que se compone de un artículo, pretende ampliar de manera retroactiva hasta diciembre del 2020 el periodo de otorgamiento para facilidades de pago a la seguridad social, que estuvo previsto en la norma en vigor hasta junio del año pasado.
Un análisis de la Unidad Técnica Legislativa establece que “la regulación propuesta se aplicará en forma anterior a la vigencia de la norma, en principio podría entenderse como una afectación al principio de la irretroactividad de la Ley, señalado en el Código Civil en su artículo 7 que dice textualmente lo siguiente: “la ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo”.
Sin embargo, sostiene que “la doctrina en materia tributaria ha argumentado los casos en el que puede existir ciertas excepcionalidades en materia tributaria siempre y cuando el efecto retroactivo de la norma sea más favorable para los contribuyentes”.
El proyecto de Mario Ruiz se compone de 21 artículos. La Unidad Técnica Legislativa advirtió que “el proyecto de Ley trata temas que son privativos de la iniciativa del Presidente de la República”.
En el artículo 7 el proyecto alude a créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. “El Estado ecuatoriano complementará los esfuerzos crediticios con sus propios mecanismos de liquidez, crédito, seguros y/o garantías orientados a sostener el tejido productivo y en consecuencia el empleo”, señala.
El resto del articulado aborda temas como las tasas de interés para la reactivación y las relaciones laborales.
La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, controlada por Pachakutik, se encargará de preparar un informe sobre estas propuestas para el primer debate en el Pleno. Esto forma parte de las prioridades de la agenda parlamentaria 2021-2022.
La Ley de Apoyo Humanitaria fue publicada en el Registro Oficial el 22 de junio del 2020.