“Etnocidio estadístico”, “atentado a la privacidad y seguridad ciudadana”, son dos de las frases que se escucharon este martes 18 de octubre en el Pleno de la Asamblea sobre la organización del nuevo censo poblacional en el Ecuador.
Después de dos horas de discusión, 107 asambleístas aprobaron una resolución de ocho puntos. Allí se dispuso que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana realice un control político a este tema, y llame a comparecer a varios funcionarios del Gobierno. El oficialismo se abstuvo.
En la discusión, el correísmo y de Pachakutik cuestionaron la metodología que empleará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el octavo censo nacional de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades, que tendrá lugar del 7 de noviembre al 18 de diciembre.
Legisladores de esas bancadas señalaron que se pretende invisibilizar a indígenas, afroecuatorianos y montuvios. Demandaron que los censadores sean de las propias comunidades y que conozcan el idioma. Además, pidieron cuentas sobre el financiamiento.
Para sustentar sus críticas llevaron al exdirector del INEC, Byron Villacís, a John Antón académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y a Reina Valle Arce, integrante de una organización intercultural.
Villacís catalogó como un “atentado a la seguridad ciudadana” el hecho de que para el censo se requiera la cédula de identidad. Sostuvo que esto viola principios de confidencialidad y privacidad.
Agregó que el censo tampoco debe ser utilizado para restringir derechos, como la consulta previa. Señaló que el censo debe ser aplicado a través de las propias comunidades indígenas y sugirió una campaña de promoción por la autoidentificación étnica de las minorías.
Antón y Valle alertaron de un “etnocidio estadístico”, si no se ajusta el formulario para el censo. “El pueblo afrodescendiente y los pueblos indígenas han sido poco llamados a participar en este censo, y tenemos que pueda ocurrir, algo que nosotros le llamamos un etnocidio estadístico”, dijo Antón.
El experto señaló que en el censo del 2010 los pueblos y nacionalidades alcanzaron el 21% (7% para indígenas, 7% para montuvios y 7% para afrodescendientes.
Por su lado, la socialcristiana Marjorie Chávez consideró que en el formulario se debían incluir preguntas relacionadas con las enfermedades catastróficas.
Resolución
La resolución aprobada se dio en estos términos
1. La Comisión de Transparencia continuará fiscalizando al INEC en el marco del octavo censo. Y en el plazo de 30 días deberá entregar un informe para el debate en el Pleno.
2. Exhortar al INEC que capacite a los censadores para que no se impongan frente a los censados en zonas de conflictos limítrofes respecto de su identidad territorial.
3. Disponer el cumplimiento de la resolución de la Comisión de Transparencia.
4. Disponer la comparecencia de Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, a la Comisión.
5. Convocar a Jairón Merchán, secretario nacional de Planificación para que comparezca a la Comisión para que informe todo lo relativo al censo poblacional.
6. Convocar al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, para que informe todo lo relacionado al censo, la asignación de créditos internacionales, el monto invertido, rubros y partidas autorizadas.
7. Invitar a los dirigentes de las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias, para que se exponga en la Comisión el riesgo de su invisibilización en el actual censo.
8. Notificar para el cumplimiento
Otros temas
En el Pleno también se aprobó, con 124 votos a favor, una resolución para exhortar al presidente, Guillermo Lasso, que otorgue medicina necesaria para Theo Tabango y a todas las personas que sufren enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. La moción fue presentada por Yeseña Guamaní (ID), tras escuchar los testimonios de los familiares de varios pacientes.
Mientras tanto, a las afueras del Palacio Legislativo se concentró un grupo de pescadores artesanales, que gritaban consignas en contra de la reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca.
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