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Comisión aprueba informe para juicio político al Ministro de Trabajo, aunque desestimó 4 de 7 causales

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, explicó ayer, 30 de noviembre del 2020, las medidas de compensación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, explicó ayer, 30 de noviembre del 2020, las medidas de compensación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La Comisión determinó que Andrés Isch se habría atribuido funciones que no le corresponden al emitir un acuerdo ministerial para la reducción emergente de la jornada laboral por la pandemia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Sin aceptar todas las acusaciones que presentaron las asambleístas del correísmo Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre el pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch.

El documento fue aprobado con 9 votos a favor, y la abstención de Franco Romero (IND), después de la sesión que tomó casi cinco horas este miércoles 24 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), deberá convocar al Pleno para una resolución, en los próximos días.

La Comisión determinó que Isch se habría atribuido funciones que no le corresponden al emitir un acuerdo ministerial para la reducción emergente de la jornada laboral por la pandemia y permitir despidos por caso fortuito o causa mayor.

Asimismo, señaló que el Ministro incurrió en un “incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública” sobre carnés de discapacidad.

Sin embargo, la que causal que mayor debate generó en la Comisión fue la tercera y que alude a un incumplimiento de la Constitución por parte del Ministro, al no haber incrementado el salario básico para este año.

Los asambleístas del correísmo Esteban Melo y Mónica Brito señalaron que “este es el juicio de los trabajadores”, pero los socialcristianos Mercedes Serrano y Dennis Marín buscaban que la aprobación del informe se aplace por cinco días para pulir el documento, a lo que no se dio paso.

El argumento de Serrano fue que “las causales no son las más adecuadas” para este proceso. Sostuvo que el salario no podía incrementarse en condiciones de deflación en la economía ecuatoriana.

Elio Peña y Jaime Olivo, de Pachakutik, señalaron que será el Pleno el encargado de juzgar al funcionario y que no se ha vulnerado su derecho a la defensa ni presunción de inocencia. Sin embargo, Olivo puntualizó que deberá responder por acciones u omisiones de quienes le antecedieron en el cargo.

En las otras cuatro de un total de siete causales, la Comisión no encontró sustento para que el funcionario sea interpelado por “acciones u omisiones” en el conflicto laboral de la fábrica de explosivos Explocen.

También fueron desestimadas aquellas que aludían a la no protección a personas con vulnerabilidad y la falta de registro de la prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, la última en ser censurada por el Pleno.

Una censura y destitución de Isch dependerá de 91 votos en el Pleno.