La mayoría legislativa liderada por el correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados denunció un intento de golpe de Estado. Esto, tras ratificar que no acatarán la sentencia del juez de La Concordia, Ángel Lindao, a favor de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por considerarla ilegítima.
El pronunciamiento se dio este 20 de diciembre del 2022, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Gobierno, que el domingo pasado acusó al Parlamento de desacato a orden legítima de autoridad competente al no haber posesionado al nuevo Superintendente de Bancos designado por el Cpccs, al desconocer la validez del proceso.
“El comunicado suscrito por el Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llega al extremo de querer solapar un golpe de estado blando, en contra de la primera Función del Estado como es la Asamblea Nacional. Parece que no han aprendido de la más reciente experiencia internacional. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa, la aplicación del artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República”, indicaron.
El texto constitucional precisa que la Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República “por grave crisis política y conmoción interna”, una figura que ya invocó el correísmo en las protestas de junio pasado pero que no prosperó por falta de apoyo del PSC.
Señalaron que el Ejecutivo pretender “lacerar el Estado constitucional de derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan abiertamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”.
El comunicado de la Legislatura es suscrito por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), los coordinadores de bancada del correísmo, Mauricio Zambrano; Esteban Torres, del PSC; Yeseña Guamaní, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) y Mireya Pazmiño, de Pachakutik.
Añadieron que “ante las lesivas y antijurídicas resoluciones tomadas por el juez multicompetente de La Concordia, Ángel Lindao”, agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.
“Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al MERCOSUR y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional y las pretensiones destinadas a eliminar a la Función Legislativa”, apuntaron.
Puntualizaron que “por prudencia, serenidad y por mantener La Paz, a pesar del descontento del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional ha venido garantizado la democracia”. Pero advirtieron que “si el Gobierno no lo hace, será el único responsable de las consecuencias”.
Oficialismo reacciona
La oficialista Ana Belén Cordero (Creo), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, subrayó que el Gobierno “no tiene nada que ver” en las resoluciones judiciales producto de las acciones de protección presentadas por los consejeros del Cpccs.
“El comunicado del ministerio de Gobierno es claro en que estaremos atentos a lo que dispongan las autoridades. En este caso la Justicia. Eso no quiere decir, ellos quieren sobreentender que es un golpe de Estado blando. Pero nosotros lo que hemos dicho claramente es que respetaremos las decisiones judiciales que los jueces en la materia tomen”, dijo.
Situación judicial
El pasado 16 de diciembre, el juez Lindao dio 48 horas de plazo a la Asamblea para que convoque a la posesión del nuevo superintendente de bancos, tras ratificar la validez de las actuaciones de la mayoría del Cpccs a la que le concedió una acción de protección y anuló el juicio político con la que fue destituida por la mayoría legislativa.
Según el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), esta controversia responde a que la mayoría parlamentaria actuó con ilegalidades en el juicio político. Señaló que en última instancia le corresponderá pronunciarse a la Corte Constitucional sobre si se procede a destituir a los legisladores por incumplir la sentencia del juez.
En su última providencia, el magistrado dispuso “que la Asamblea Nacional del Ecuador, por intermedio de su presidente, reconozca como legítimas las actuaciones de los señores Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Graciela Ibeth Estupiñán Gómez y Francisco Lorenzo Bravo Macías, Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el ejercicio de su cargo”.
Además, que se posesione al nuevo Superintendente, que en el término de 48 horas proceda a colocar la placa conmemorativa en su entrada principal del edificio con la frase “ningún poder del estado está por encima del Control Constitucional”. Y que la Asamblea Nacional bajo las prevenciones legales “se abstenga de dictar actos ulteriores que afecten la ejecución integral de la sentencia, y que se informe a la brevedad posible del cumplimiento de la sentencia y las medidas adoptadas en este auto”.
Saquicela convocó a una sesión virtual para posesionar al nuevo Superintendente el domingo pasado, pero la mayoría de oposición no dio quórum. Desde el 19 de este mes el parlamento entró en receso legislativo por 15 días.
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