5 de January de 2012 00:02

Asamblea sin agenda fiscalizadora

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De los congresos “tumba- gabinetes” a una Comisión de Fiscalización “de archivo”, según denuncia la oposición. De un extremo al otro se ha ido en ese tema.

Lo sostienen ex diputados como Andrés Vallejo, ministro de Gobierno de Rodrigo Borja (ID), así como actuales figuras legislativas: Ramiro Terán (MPD), Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) y Luis Almeida (PSP).

Para ellos, la fiscalización es la deuda pendiente de la Asamblea. Pero Alianza País, señala que lo que buscan sus detractores es el ‘show mediático’. Por eso se ha bloqueado el avance de los juicios políticos los dos años y cuatro meses de esta legislatura.

En este lapso se han presentado 16 pedidos de juicio político, de los cuales 14 fueron archivados y dos llegaron al Pleno. Uno en contra de Gloria Sabando, ex Superintendenta de Bancos, censurada, y otro en contra del Consejo de la Judicatura. Estos fueron los únicos casos que avanzaron, pues tenían el patrocinio del oficialismo y del presidente Rafael Correa.

Con ese antecedente, la oposición impulsó la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Pero su intento de trasladar al Pleno la decisión de archivar o no los juicios podría truncarse, pese a tener mayoría para aprobar la ley.

¿La causa? La Corte Constitucional dictó una medida cautelar que dejaría en el limbo la reforma. Aunque el proyecto fuera aprobado, no podrá publicarse en el Registro Oficial. Correa reclama la posibilidad de vetar la LOFL, dejando insubsistente el segundo inciso del art. 63.

Además, el martes otra vez, oposición y oficialismo se enredaron en el trámite del artículo relacionado con la fiscalización. Los primeros sostienen que el punto se aprobó en paquete con otros temas. A. País dice que no fue así. No se sabe cuándo se retomará la votación y ronda el escepticismo de quienes se preguntan cuán eficaz será la reforma con la futura intervención de la Corte.

Almeida (PSP) es uno de los escépticos. Fue diputado y rememora otras épocas, entre ellas el juicio de León Febres Cordero contra Carlos Feraud, ministro de Gobierno de Osvaldo Hurtado, en 1983. La razón: irregularidades en la importación de juguetes para los hijos de policías.

Cynthia Viteri (Madera de Guerrero), también tiene presente la escena, que observó por televisión. También el juicio de Alberto Dahik, como ex vicepresidente en 1995. Ahora a ella le apena que la Asamblea sea “la burla de los ministros” porque se perdió la autoridad. Antes el Congreso era el primer poder del Estado, lo ejercía y “ temblaban cuando comparecían”.

Vallejo no comparte esas ideas. En los noventa, la oposición intentaba “tumbarse gabinetes” sin razón. Recuerda que en la Presidencia de Borja hubo 12 ministros y 14 interpelaciones. Tres de ellos fueron censurados después de haber dejado sus cargos. Eso, afirma, es un ejemplo de la “canibalesca política ecuatoriana”.


Otro ex diputado y hoy asambleísta socialcristiano, Nicolás Lapentti, no olvida que durante seis horas y 50 minutos intervino en el Pleno durante la interpelación del entonces ministro de Finanzas, Alberto Dahik, en 1986.

Sonríe. Y anota que León Febres Cordero trazó una estrategia para que sin impedir que Dahik llegara al Pleno y su bloque pudiera evitar la censura. ¿Cómo? Alargando las intervenciones y agotando el tiempo reglamentario para que el viejo Congreso, con mayoría opositora al Régimen, ya no pudiera sancionarlo.

Lapentti se preparó pero en medio de su intervención enfrentó una jugada inesperada de parte un diputado de la oposición, el socialista Juan Cueva, quien se acercó a su curul. En el lugar había una montaña de carpetas con documentación que utilizaba estratégicamente mientras hablaba a la sala.

Vallejo, desde la Presidencia del Congreso, vio que Cueva barajó las carpetas de Lapentti, como si se tratara de naipes, dejándolo desconcertado. Todos los diputados soltaron una carcajada. Esa noche terminó el juicio político y Dahik fue censurado.

Vallejo comenta que en esa época se unían “el agua y el aceite”, MPD y PSC, para llevar adelante un juicio político.

En la actualidad, toda la oposición e incluso aliados del oficialismo coinciden en que el Pleno debe decidir si avanza o no un pedido de juicio político. Pero tras ganar la batalla de la aprobación de la reforma tendrán que enfrentar a la C. Constitucional.

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