Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik y a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunieron con la Comisión de Justicia para analizar el pedido de amnistía para 46 indígenas que participaron el paro nacional de agosto del 2015. Foto: EL COMERCIO
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió este miércoles 20 de julio del 2016 a Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik; y a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Ahí se analizó el pedido de amnistía para 46 indígenas que participaron el paro nacional de agosto del 2015.
Tibán indicó que además de las 46 personas, hay más de 280 casos similares desde el 2012, y el movimiento indígena exige una amnistía general en los casos de “criminalización a la lucha social”.
Dentro de la información llevada a la Comisión y el pedido realizado por la bancada Pachakutik hay transcripciones textuales de la declaración de varias imputadas a la Fiscalía. En estas se denuncian supuestos actos violentos y discriminatorios por parte de la Policía Nacional hacia los manifestantes.
Según Lourdes Tibán, esas citas se han tomado del informe que ha levantado la comunidad Saraguro para presentarlo en la CIDH, como parte del expediente en el que piden se repare las acciones del Estado ecuatoriano por la sentencia de cuatro años de prisión a dos indígenas que participaron en protestas sociales.
Ahora -dice- harán los mismos en los demás casos. Visitarán todas las provincias involucradas solicitando los expedientes y declaraciones a la Fiscalía para presentarlos como pruebas ante la Comisión de Justicia.
Mauro Andino, presidente de la Comisión, invitó a Tibán y a los dirigentes indígenas a demostrar las aseveraciones hechas en la solicitud de amnistía. Para esto deberán entregar pruebas, agregó. No se estableció un plazo, pero el legislador espera concluir este proceso en 30 días.
Andino explicó que más allá de validar o ratificar los delitos por los que las 46 personas fueron procesadas, y en seis casos sentenciadas; lo importante en la Asamblea Nacional es determinar si estas acciones tuvieron origen político. Ya que solo en estos casos se puede aplicar la figura de la amnistía.
Luego de recibir las pruebas, la Comisión de Justicia emitirá un informe sobre el caso en el que se recomiende la concesión de la amnistía en todos o en algunos casos o el archivo de la solicitud. La decisión final será del pleno legislativo.
