El enjuiciamiento político al Contralor, según lo enmarca la ley, empieza con la presentación de las pruebas que los bloques que lo impulsan tienen al momento de la solicitud. Foto: Archivo/EL COMERCIO
Jorge Acosta, procurador jurídico de Carlos Pólit, señaló que el retorno del titular de la Contraloría General del Estado dependerá de las garantías procesales que hayan en el país. Considera que la Asamblea no puede destituirlo en caso de que no se presente en el juicio político que podría iniciarse en su contra.
Dijo que preparán una defensa después de analizar las acusaciones por las que se prevé seguir un juicio político. “Cuando nos notifiquen sabremos de qué se nos acusa en el juicio político. Se oye de todo como en botica. Algunos inclusive ya dictaron sentencia, otros dijeron que con 69 asambleístas ya tienen la resolución de censura. Ya hicieron su show político”, dijo el abogado.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió hoy, 7 de junio de 2017, el pedido de juicio político en contra de Pólit. El trámite pasará ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
La decisión se tomó al considerar que el Contralor incumplió con las obligaciones “de la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y un Código de Ética de la Contraloría”, dijo Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano y miembro del CAL.
Si la Comisión de Fiscalización inicia el trámite de juicio, se pedirá que el Contralor comparezca. Pero Pólit se encuentra en Estados Unidos, desde el 26 de mayo, con un permiso médico de 60 días.
La defensa evalúa “si es prudente” el retorno del Contralor, ya que considera que, al momento, no existen las garantías. En caso de que no regrese al país, según Acosta, hay otras alternativas como que comparezca por videocofenrencia o también se baraja la posibilidad de que él mismo pueda representarlo. “Para eso es la procuración judicial, para representar a las personas que lo otorgan”, indicó.
La Asamblea no es la única entidad que inició investigaciones en contra de Pólit. El pasado 2 de junio se realizaron allanamientos a dos de sus predios por pedido de Fiscalía. Según Acosta, que tenía un expediente de 85 hojas en sus manos, no se encontraron pruebas que vincularan a la máxima autoridad de control en un posible delito de concusión dentro del caso de corrupción de Odebrecht.