3 de agosto de 2019 00:00

Peritos decomisan equipos electrónicos de Alexis Mera 

Los peritos de la Policía Nacional ingresaron ayer a las oficinas del edificio La Unión.

Los peritos de la Policía Nacional ingresaron el pasado viernes 2 de agosto de 2019 a las oficinas del edificio La Unión. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La Fiscalía ejecutó nuevas diligencias en torno al caso Sobornos. A las 15:30 del pasado viernes 2 de agosto de 2019, seis peritos y la fiscal Ruth Amoroso ingresaron rápidamente al edificio La Unión, en donde operaban las oficinas de las procesadas Pamela Martínez y Laura Terán, cuando eran funcionarias de la Presidencia de la República, durante el correísmo.

Los investigadores decomisaron dispositivos electrónicos, que entrarán en la cadena de custodia en este proceso.

En esa lista están siete celulares y dos computadoras que pertenecían a Alexis Mera.

Además, personal de Criminalística debía realizar pericias en la Presidencia.

La idea era inspeccionar la entrada principal al Palacio de Gobierno y las oficinas internas de la Secretaría Jurídica, donde se desempeñaba el ahora procesado Alexis Mera.

Esa diligencia fue solicitada por Carlos Alvear, abogado de Mera. El jurista manifestó que en Carondelet, los investigadores debían comprobar cómo es el control de ingreso de personas y documentos. Verificaron cómo es el acceso a las oficinas que entre el 2012 y el 2016 ocupó Mera.

Según el abogado, la intención es demostrar que en la entrada hay filtros de seguridad y un escáner de rayos X y que no es posible que haya ingresado sobres con altas cantidades de dinero en efectivo, como se indica en los cuadernos de Pamela Martínez.

Según las indagaciones, esos fondos correspondían a aportes ilegales que las empresas privadas realizaron a las campañas del movimiento A. País.

Las pericias ordenadas también involucran a las oficinas externas, ubicadas en la 12 de Octubre y Salazar, en el norte de Quito. Según documentos judicializados, desde allí se instruía a funcionarios para que se presentaran ante fiscales, secretarios, funcionarios de la Judicatura, jueces de primer nivel y magistrados de la Corte Nacional. Así seguían de cerca los procesos para garantizar sentencias a favor de ellos. Esto ocurrió en 21 casos.

El jueves, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a la Presidencia que en un plazo de 48 horas emita un informe detallado sobre quién autorizó rentar esas oficinas.

La solicitud se planteó luego de que Gerardo Pereira De Souza, exdirectivo de la empresa Odebrecht, rindiera su versión desde Brasil, el pasado 25 de julio. En su testimonio aseguró que José Santos, ejecutivo de la compañía, le pedía que entregue a Martínez sobres en una oficina particular, que supuestamente está situada en el norte capitalino.

Salazar también dispuso que se indique qué funcionarios ocupaban esas dependencias y por qué se autorizó tener instalaciones adicionales a las del edificio La Unión, donde funcionan las oficinas de Asesoría de Presidencia. Según los correos de Martínez y Terán, juicios como los de la insubordinación policial del 30-S fueron manipulados desde esa oficina externa de la Presidencia.

Dentro de este proceso también se realizó otra diligencia. Yamil Massuh, exasesor de María de los Ángeles Duarte, fue interceptado en Huaquillas, frontera sur del país. Según el secretario Anticorrupción, Iván Granda, la Policía y Fiscalía impidió que el exfuncionario abandonara el país.

Luego fue trasladado a Quito para que rindiera su versión en la Fiscalía General. Massuh es mencionado en este proceso y es una de las 22 personas que serán procesadas el próximo 7 de agosto, en la Corte.

Francisco Pesantes, abogado de Yamil Massuh, en la diligencia realizada ayer, en Quito.

Francisco Pesantes, abogado de Yamil Massuh, en la diligencia realizada ayer, en Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO


El sospechoso estuvo en la entidad acompañado de su abogado Francisco Pesantes.

El jurista negó que su cliente haya intentado salir del país y sostuvo que es inocente.

“¿Cómo puede fugarse alguien que no está enjuiciado, que no tiene orden de captura ni prohibición de salida del país?”, dijo el abogado. Además, indicó que su defendido jamás se reunió con la procesada Pamela Martínez y tampoco recibió sobres con dinero.

Para la próxima semana está previsto que se realicen más diligencias judiciales dentro de este caso.

Juez: no soy correísta

El juez nacional, Edgar Flores, se pronunció ayer sobre la queja que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría interpusieron en su contra y en contra del magistrado Luis Enríquez. Ambos levantaron la prisión preventiva del exsecretario jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera. Los juristas ordenaron arresto domiciliario con vigilancia policial y el uso de grillete.

El magistrado manifestó que la decisión se tomó porque el procesado siempre cooperó con la justicia y no hay peligro de fuga. También aseguró: “Nosotros juzgamos a las personas por los actos que hayan cometido”. Además, desvirtuó la acusación de que es correísta y destacó su fallo en contra de Jorge Glas por asociación ilícita. “Si fuera correísta no hubiera dictado sentencia en contra del señor Glas”.

Flores aseguró que sus decisiones fueron legales.

En contexto

El caso Sobornos estalló en mayo pasado, tras la captura de Pamela Martínez y Laura Terán, exfuncionarias de la Presidencia de la República durante el correísmo. Luego fueron vinculados Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte.

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