La sanción al mayor Diego Cuvi -precipitando el fin de su carrera militar- por haber enviado a compañeros un correo con sus preocupaciones sobre las actuales circunstancias viola el derecho de cualquier ciudadano -y los soldados lo son- a pensar y compartir sus pensamientos, expresándolos en comunicación física o virtual, sin que nadie tenga el derecho a investigarlo, peor castigarlo.
Los militares no deben ser serviles de quien ejerce el poder. Pueden coincidir con el gobernante o no, pensar igual que él o preocuparse por lo que hace o pueda hacer el Gobierno y nada de esto es conspiración o insubordinación.
Las Fuerzas Armadas no deben ser decisorias de la Nación y del Estado, por eso se establece que no son deliberantes, pero las personas que las forman no pueden ser condenadas a ser mudas, peor eunucos mentales.
No conozco a Diego Cuvi, más allá de las noticias de los últimos días. Le haría bien al Ecuador que él demande internacionalmente al Estado y a los que lo sancionaron, porque no puede ser que por una pataleta sabatina de Correa, cuyo antecedente es la violación al derecho constitucional de pensar y expresarse, el mando militar intimide y amordace a los ciudadanos-soldados, castigándolos por lo que aparece en su correspondencia privada.
La paradoja. El 1 de febrero, con ensayo a realizarse el domingo 31 de enero, en Petroecuador, habrán festejos con banda de música, personal y artilleros navales, pitos marineros, Pabellón Nacional y escolta de la Marina de Guerra.
¿Cuánto costará la movilización, ensayos y fiesta?
La perversa intención del festejo es sindicar a la Fuerza Naval, rama de las Fuerzas Armadas, de ser la responsable de más de 26 meses de gestión en Petroecuador.
Perversa por los ilícitos y fraudes que marcan la gestión de los uniformados, cuyas responsabilidades no puede trasladárselas a la Fuerza Naval.
¿Cuántos fueron utilizados por Correa para las deshonestidades evidenciadas en denuncias del autor de estas líneas y otros ecuatorianos? ¿Cuánto fue decisión personal de los oficiales navales?
El peculado y otros delitos contra la administración pública son imprescriptibles. Será cuestión de tiempo que opere la justicia, para sancionar ilícitos y fraude.
Lamentable que en el intermedio se afecte la imagen ética del uniforme naval que nunca debió estar a la orden de la corrupción del poder.
Dios, la Patria y sus símbolos nunca deben ser usados ni mencionados en vano, peor para encubrir corrupción. Usar el Pabellón Nacional para el festejo indecoroso de negocios contrarios al interés nacional es faltar el respeto al símbolo patrio.
Cosas de los tiempos. Castigo al soldado que no guardó el silencio del servil. Festejo a casos de corrupción petrolera.
lroldos@elcomercio.org