27 de abril de 2017 06:52

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden justicia tras 31 meses de su desaparición

Alrededor de 400 personas, incluidos los familiares, participaron en la marcha que partió de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y llegó al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México

Alrededor de 400 personas, incluidos los familiares, participaron en la marcha que partió de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y llegó al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Foto: AFP

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Agencia EFE

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Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marcharon hoy, 26 de abril de 2017, en la capital mexicana al cumplirse 31 meses de la desaparición de sus hijos, mientras las autoridades reiteraron que las investigaciones seguirán hasta dar con todos los responsables.

"Esta marcha forma parte de la 31 acción global por Ayotzinapa y por México, se hace todos los días 26 como una forma de recordar que nos siguen faltando 43, que no está resuelto el tema", afirmó a Efe el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.

Alrededor de 400 personas, incluidos los familiares, participaron en la marcha que partió de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y llegó al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México.

Durante la misma se mostraron fotografías de los estudiantes desaparecidos y se gritaron a coro frases como "ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables".

Los manifestantes hicieron una parada en el llamado "antimonumento" a los 43, situado en una esquina del céntrico Paseo de la Reforma, y al llegar al Hemiciclo hicieron un mitin donde denunciaron la represión sufrida este martes con gases lacrimógenos a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La marcha transcurrió tras una reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, y un día después de que las autoridades capturaran en el estado de Querétaro a un integrante de un grupo criminal relacionado con la desaparición de los estudiantes.

Rosales señaló que las autoridades parecen haber cambiado el trato a los padres de los 43 y calificó la represión de este martes en la Segob como "una respuesta violenta" que cierra cada vez más la posibilidad de diálogo.

El abogado mencionó que la visita del mecanismo que se encarga de verificar las investigaciones del caso Iguala dio cuenta que las mismas no presentan avances, y por ello urgió a la PGR a avanzar sustancialmente en los cuatro puntos que piden los padres.

Los padres demandan que se investigue al Ejército Mexicano, que se detenga a policías municipales de Huitzuco posiblemente involucrados en los hechos, que se investiguen a las autoridades locales y también se analice el trasiego de droga desde el estado de Guerrero hacia Chicago (Estados Unidos), dijo Rosales.

Sobre la detención de Walter Alonso De Loya, un presunto miembro de un cartel que opera en Huitzico, Rosales dijo que su captura no es relevante porque "es un detenido más de los 180 que hay y que no aporta nada nuevo".

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, aseguró en una entrevista con Radio Fórmula que el Gobierno mexicano tiene la firme decisión de concluir el proceso de investigación.

"Puedo reiterar, porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso", apunto.

Campa resaltó como "muy importante" la detención de De Loya, porque una petición de los padres es profundizar en la investigación.

"Reiteré también con (el abogado) Vidulfo (Rosales) que las investigaciones continúan y que la decisión es dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia", apuntó el funcionario.

De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos en Iguala, en el estado de Guerrero, por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.

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