Pablo Celi, contralor General del Estado. Foto: Archivo/EL COMERCIO
Entrevista a Pablo Celi, contralor General del Estado
¿Cómo nace la iniciativa de reorganizar la institución bajo un nuevo modelo de tribunal de cuentas en lugar de un contralor unipersonal?
Nació luego de tres meses de análisis y evaluación de los potenciales y límites de la institución. Abarca tres aspectos, sobre la normativa vigente, el sistema de auditoría, y la estructura orgánica funcional y de procedimientos internos. Concluimos que se debe avanzar en la reforma estructural.
¿Cuáles son las fallas y nudos determinados en ese análisis?
Estamos planteando la necesidad de que sistema decisional de la Contraloría reconozca dos ámbitos: el de la auditoría, del cual nacen los informes, y el ámbito de determinación de responsabilidades; muchas veces se confunden los dos, que son dos momentos diferentes.
¿Cuál es la propuesta?
Se propone un tribunal con dos salas: una en la que confluya todo el trabajo de los equipos de auditoría. Esos informes serán resueltos por una sala especializada en auditoría; y la segunda sala se encargará de predeterminar y determinar responsabilidades. Los ministros auditores que integran el pleno serán distintos en una y otra sala.
¿Cuál es la debilidad del sistema actual?
El informe aprobado por el contralor no tiene un mecanismo de revisión, no puede ser modificado, es concluyente. Precisamente será una de las funciones del pleno aprobar en forma definitiva los informes.
¿Pero todos estos pasos no generarán más dilaciones en tiempos?
Al contrario, procesos de auditoría que funcionan sectorializados, lejos de caer en cuello de botella de un despacho bajo responsabilidad de una persona, van ser distribuidos en dos salas con responsabilidades colectivas; eso agilitará el nudo crítico y la fase conclusiva que es la firma de un informe de una sola autoridad. Con la nueva propuesta habrá estructura de decisión colegiada que impida toda arbitrariedad y discrecionalidad, que las decisiones no nazcan de circunstancias personales en la conducción de la entidad. Deben existir controles jurídicos internos, que eliminen la unilateralidad.
¿En este sentido, se encontró usted con informes rezagados sin aprobación de su antecesor, cuando llegó al cargo?
Realizamos la evaluación de cumplimiento del plan de control en todas las unidades. En esta evaluación se encontraron procesos de auditoría rezagados, también informes aprobados que no pasaron a la fase de predeterminación, hubo retrasos en este procedimiento. Encontramos, en algunos casos, informes que no cumplían adecuadamente procedimientos en los que se sustenta su conclusión y aprobación. Tomé varias decisiones: que se concluyan todos los exámenes y que cumplan plazos. La segunda es que no pueden existir informes sin predeterminación, de una glosa. En tercer lugar, que ha sido en algunos casos excepcionales, se están realizando auditorías internas para constatar irregularidades en los exámenes. Por ejemplo, en el caso Odebrecht dispuse un proceso de auditoría interna a todo lo realizado por los auditores.
Es decir que el anterior contralor Carlos Pólit recibió varios informes que estaban terminados y sin embargo no los aprobó. Lo mismo había ocurrido con las predeterminaciones (glosas) que no se establecieron, aunque las auditorías ya estaban listas.
Sí. Se constató la existencia de exámenes concluidos con informes no aprobados y también exámenes aprobados sin predeterminación de responsabilidades. En la regularización de estos aspectos se viene trabajando los últimos meses.
¿Hay una cuantificación sobre informes rezagados, que no fueron aprobados?
No hay una cuantificación, estamos en ese proceso, no están concluidas todas las predeterminaciones pendientes, se está ajustando este procedimiento.